El Cercle de Salut, 'cantera' de la consejería, inicia el motín contra el veto a las externalizacionesLa ministra 'traiciona' al mismo Hospital Sant Joan de Déu que visitó en 2025: la norma lo podría dejar fuera del sistemaMás información: La sanidad concertada exige presupuestos para Cataluña
Será el tercer intento de tomarles declaración tras dos cancelaciones en mayo y junio. Dos juzgados diferentes de la región capitalina han citado a declarar esta semana como imputados a tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en sendas causas donde se someterá a examen si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes o 'protocolos de la vergüenza'.
El contexto Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.
Un Legado de Privatización Sanitaria para España orquestado por Manuel Fraga y Romay Bacaria padrino y tutor de Feijoo y su asesora María del Mar Sánchez Sierra La sanidad pública gallega, históricamente considerada un pilar del Estado del bienestar en España, ha sufrido en las últimas décadas un proceso acelerado de privatización bajo los gobiernos del Partido Popular (PP) en la Xunta de Galicia. Este proceso, iniciado bajo Manuel Fraga y radicalizado durante los doce años de presidencia de Alberto Núñez Feijóo (2009–2022), ha convertido a Galicia —especialmente las provincias de Ourense y Pontevedra— en un laboratorio de políticas sanitarias privatizadoras con implicaciones que hoy se observan en todo el territorio nacional.
María del Mar Suárez, que trabaja como administrativa en el hospital Virgen del Rocío y que fue identificada en tres ocasiones como «médica» y «personal sanitario» para hablar de la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía durante una entrevista en ... el programa de Javier Ruiz en TVE, es en realidad secretaria de Salud de UGT Sevilla.
Una investigación de EL PAÍS revela que los responsables del Hospital Virgen del Rocío indicaron a los técnicos que dejaran de notificar a las pacientes con mamografías dudosas porque esperaban que lo hiciera el nuevo programa informático. El Gobierno andaluz (PP) ha eludido explicar la razón de los graves fallos en el cribado de cáncer de mama durante 27 días desde que saltó la polémica.
Elías Bendodo replica en el Congreso que, con la ministra como consejera andaluza, «fueron a la calle» 7.753 profesionales médicos, se redujo en 1.500 millones de euros el presupuesto para sanidad y se firmaron conciertos con la sanidad privada por 500 millones» La crisis de los cribados de cáncer de mama se ha convertido en un tema central en el debate parlamentario nacional, mientras Montero utiliza su plataforma en el Congreso para criticar al Gobierno de Juanma Moreno y promover su candidatura en las próximas elecciones autonómicas.
La cantante madrileña se verá reconocida junto a la de otras figuras como la chilena Myriam Hernández, la compositora brasileña Rita Lee, la cantante argentina Amanda Miguel y el cantautor venezolano Yordano.
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha publicado la novena edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria consolidando el liderazgo de la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España. Este ranking, elaborado a partir de una exhaustiva evaluación de parámetros clave, refleja el dinamismo de la sanidad española en un contexto de continuos desafíos. “La elección de la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España por noveno año consecutivo no es casualidad, sino el resultado de un modelo el resultado d
Ponerte enfermo en una comunidad diferente a la que resides puede darte tantos quebraderos de cabeza o más que si te pusieras malo en Bielorrusia. Esta es una de las 700 quejas que el año pasado formularon al Defensor del Pueblo ciudadanos que, sobre todo durante las vacaciones de verano, sufren en sus carnes más burocracia y trato discriminatorio en la atención sanitaria.
El pasado jueves 24, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley presentada por Unidos Podemos, en la que se pide al Gobierno que derogue el Real Decreto que Ana Mato realizó en el 2012, cuando la entonces ministra de Sanidad decidió que los españoles que permaneciesen más de 90 días fuera de España se quedasen sin acceso a la asistencia sanitaria.
El objetivo de todas las administraciones debería ser inequívoco: que Madrid recobre la seguridad sanitaria que ha perdido. Sin negacionismos inútiles ni confrontaciones interesadas. Para ello hay que situar las actuaciones sanitarias que precisa la Comunidad sobre bases realistas
