Las autonomías con menos mortalidad, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, tampoco derivaban a hospitales de manera prioritaria a los mayores, pero sí los atendieron en centros intermedios, coordinaron a Sanidad con Asuntos Sociales, hicieron cribados masivos y vieron venir que sería "una masacre" si no se actuaba. Madrid los dejó sin hospital en lo peor de la Covid, pero también sin ningun
La gestión de la Comunidad de Madrid de las residencias, y los famosos protocolos de la vergüenza, vuelven a estar en el foco de la polémica tras haberse conocido una nueva denuncia contra Isabel Díaz Ayuso. Uno de los que se ha eco de la noticia, ha sido el programa Malas Lenguas de Jesús Cintora, que de la mano del periodista Manuel Rico han vuelto a recordar lo que supusieron la aplicación de los protocolos.
Es necesario depurar todas las responsabilidades de este gran crimen social. Aquellas y aquellos responsables directos en los protocolos de la vergüenza, aquellos que estafaron mientras miles morían o eran despedidos. Es necesario que las conclusiones de la comisión independiente de las víctimas sirvan para avanzar en el juicio y castigo de todos los responsables.
Hola, según un informe de 2024, 7.291 ancianos murieron en residencias de Madrid durante la pandemia sin ser trasladados a hospitales. Las políticas de Isabel Díaz Ayuso, como no transferir a enfermos graves para no colapsar el sistema, son controvertidas. Se estima que un 65% de los trasladados sobrevivió, sugiriendo que muchas muertes pudieron evitarse.
Un familiar de una fallecida en la residencia Las Camelias de Móstoles denuncia a Carlos Mur, quien era director general de coordinación Sociosanitaria, tras la no derivación hospitalaria de su madre que enfermó de covid y tenía deterioro cognitivo.
El plano corta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al grupo del PP entre risas. "Chapas, camisetas... el merchandising", señalan el regidor y los suyos mientras señalan y se ríen.
yuso ha insistido en que la pandemia fue mundial y no sucedió únicamente en Madrid y ha asegurado que le parece horrible "extraer, a toro pasado, lo que dijo el primo del amigo en un momento y lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica". Así, ha añadido que "aún no ha habido ninguna familia que se dirija a mí. Sí recibo cartas de familias abochornadas por cómo retuercen la verdad".
La lista llegó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el 18 de marzo de 2020. El 20 de abril el propio Mur pidió auxilio al Colegio de Médicos, y el colegio le envió un documento con los teléfonos de más de 1.700 profesionales. Fuentes del colegio aseguran que Mur manifestó su desconcierto porque nadie le había remitido antes “ese generoso listado”.
"A mí me sorprendió mucho, la verdad. Porque tú cuando intentas que algo no se cuente, pues no hablas sobre ello. Y, de hecho, durante este tiempo, el sector oficial no había dicho casi nada en contra del documental, que lleva meses en las salas. Al final, ha contribuido a su difusión, aunque no se dé cuenta de ello"
La Cadena SER accede a las facturas que ha abonado la Consejería de Políticas Sociales a las residencias concertadas por las 4.000 plazas que se quedaron libres durante los peores meses de la crisis sanitaria del COVID-19. Ninguna de esas plazas se cubrió en todo este tiempo, no se hizo porque no se podía, pero el Gobierno madrileño pagó igualmente por ellas a las empresas que gestionan esas residencias, según se acredita en las facturas donde se puede comprobar el desembolso por parte de la consejería de ese dinero.
"Si bien podría existir responsabilidad penal”, lo que debería darse “sin ninguna duda” es una “responsabilidad política” que “en cualquier país habría originado su dimisión”: “En toda organización jerárquica, el responsable es siempre el presidente o la presidenta, porque los protocolos se debatieron, pero era Ayuso quien tenía la última palabra y quien podía decidir que se publicasen o no”.
El Partido Popular maniobra para defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la "deriva sectaria" que, a su juicio, ha adoptado RTVE tras la emisión del documental '7291', una producción que abordó las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia
Mi historia es como la de las otras víctimas, con nombre y apellidos, una vida de lucha y sacrificio con una familia que quedó rota. Mi padre Juan Huertas, cuando se jubiló en 2001 a los 65 años era vigilante de sala del Museo del Prado, disfrutaba y aprendía escuchando a los guías con las historias de cada cuadro. Murió el 6 de abril de 2020 en la residencia Adolfo Suárez, 100% publica.
