Un familiar de una fallecida en la residencia Las Camelias de Móstoles denuncia a Carlos Mur, quien era director general de coordinación Sociosanitaria, tras la no derivación hospitalaria de su madre que enfermó de covid y tenía deterioro cognitivo.
La magistrada de Leganés que hace unos días abrió la puerta a imputar a Antonio Burgueño se inhibe en favor del juzgado de Madrid que también investiga los protocolos de no derivación impuestos por la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de pandemia
Los investigadores resaltan en un nuevo informe que se activó la contratación de material sanitario intermediado por Aldama "sin haber firmado el correspondiente contrato" tras la intervención de la actual presidenta del Congreso. La UCO sostiene en un nuevo informe que el empresario Víctor de Aldama ejerció su "influencia" a través del binomio "Koldo-Ábalos" para conseguir la adjudicación de contratos de material sanitario también en la comunidad balear, presidida entonces por Francina Armengol. Tras comunicar con la presidenta de las Islas,
Será el tercer intento de tomarles declaración tras dos cancelaciones en mayo y junio. Dos juzgados diferentes de la región capitalina han citado a declarar esta semana como imputados a tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en sendas causas donde se someterá a examen si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes o 'protocolos de la vergüenza'.
El contexto Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.
Diez días. La Junta de Andalucía ha tardado diez días en inspeccionar un restaurante que podría ser el responsable de una intoxicación alimentaria provocada por dos bacterias porque los protocolos no han funcionado. Varios afectados acudieron a hospitales privados desde el día 5 de enero y no se cumplieron los protocolos establecidos en la legislación por los cuales hay que notificar de inmediato a la autoridad sanitaria la existencia de una intoxicación alimentaria vinculada a un producto industrial o al consumo.
Este relato pertenece a la nieta de una de las víctimas de los "protocolos de la vergüenza", aprobados y firmados durante de la pandemia de 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los familiares de los afectados han llegado a la conclusión de que estos protocolos "hoy se volverían a firmar". Cinco años después, el Ejecutivo regional ha conseguido esquivar las explicaciones exigidas por las familias de los 7.291 mayores que murieron desatendidos en la Comunidad de Madrid, a quienes se les negó la derivación hospitalaria y una atención médica
Alberto Reyero ha acudido este martes a declarar como testigo en la segunda causa abierta contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por los protocolos de la vergüenza.
El alto cargo del Gobierno de Ayuso justifica también la existencia de los protocolos dentro de un contexto "propio de una catástrofe". Mur le explica al juez que, en estas circunstancias, "hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento". Por tanto, había que utilizar los recursos para personas con mejor pronóstico. Dice que hay estudios posteriores que acreditan que el traslado a hospitales no salvó vidas. Acorde a ese informe, el 42% de los enfermos de COVID trasladados al hospi
“Independientemente de que el organismo español dé la razón, se puede seguir el camino hasta llegar a los tribunales europeos”. Los conocidos como protocolos de la vergüenza que la Comunidad de Madrid creó en lo peor de la pandemia del Covid y que impidieron el traslado de mayores de residencias a hospitales podrían llegar a Europa. No es tan sencillo, pero tampoco imposible después de que la Audiencia Nacional (AN) haya recogido una denuncia -hasta el momento de redacción de estas líneas únicamente había admitido un recurso que sentaba esta...
Carlos Hidalgo, abogado que lleva el primer caso que ha llegado a la Audiencia Nacional: "Tengo fe en que se gane". La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha llegado recientemente a la Audiencia Nacional. De forma más precisa, el órgano se ha hecho cargo de una demanda a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que recoge, entre otras cuestiones, los conocidos como protocolos de la vergüenza; los documentos que impidieron el traslado de las personas mayores que vivían en residencias a hospitales..
Ayuso se queja de que el foco sobre su gestión es injusto porque otras autonomías también cerraron sus hospitales a mayores de residencias. EL PAÍS recopila algunos de esos documentos que muestran distintos niveles de exclusión. Isabel Díaz Ayuso ha intentado todo tipo de mensajes para defender su polémica gestión de las residencias de mayores en 2020. Lo último de la presidenta madrileña ha sido apuntar que otras comunidades redactaron protocolos para no hospitalizar a estas personas.
