Acorralada por las denuncias de haber tapado al exportavoz de Sumar, la vicepresidenta es férrea con los negocios: 225.000 euros de multa por no anticiparse a casos de violencia sexual. Yolanda Díaz ha admitido que nombró portavoz de Sumar a Íñigo Errejón sabiendo que fue denunciado por abuso sexual y que estaba acudiendo a terapia, pero prefirió mirar para otro lado. Pasó, por tanto, más de un año desde que conociera las acusaciones. A pesar de so, Díaz exigió a las empresas establecer protocolos antiacoso, evidenciando una contradicción en s
Será el tercer intento de tomarles declaración tras dos cancelaciones en mayo y junio. Dos juzgados diferentes de la región capitalina han citado a declarar esta semana como imputados a tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en sendas causas donde se someterá a examen si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes o 'protocolos de la vergüenza'.
El contexto Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.
Diez días. La Junta de Andalucía ha tardado diez días en inspeccionar un restaurante que podría ser el responsable de una intoxicación alimentaria provocada por dos bacterias porque los protocolos no han funcionado. Varios afectados acudieron a hospitales privados desde el día 5 de enero y no se cumplieron los protocolos establecidos en la legislación por los cuales hay que notificar de inmediato a la autoridad sanitaria la existencia de una intoxicación alimentaria vinculada a un producto industrial o al consumo.
Este relato pertenece a la nieta de una de las víctimas de los "protocolos de la vergüenza", aprobados y firmados durante de la pandemia de 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los familiares de los afectados han llegado a la conclusión de que estos protocolos "hoy se volverían a firmar". Cinco años después, el Ejecutivo regional ha conseguido esquivar las explicaciones exigidas por las familias de los 7.291 mayores que murieron desatendidos en la Comunidad de Madrid, a quienes se les negó la derivación hospitalaria y una atención médica
Alberto Reyero ha acudido este martes a declarar como testigo en la segunda causa abierta contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por los protocolos de la vergüenza.
El alto cargo del Gobierno de Ayuso justifica también la existencia de los protocolos dentro de un contexto "propio de una catástrofe". Mur le explica al juez que, en estas circunstancias, "hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento". Por tanto, había que utilizar los recursos para personas con mejor pronóstico. Dice que hay estudios posteriores que acreditan que el traslado a hospitales no salvó vidas. Acorde a ese informe, el 42% de los enfermos de COVID trasladados al hospi
“Independientemente de que el organismo español dé la razón, se puede seguir el camino hasta llegar a los tribunales europeos”. Los conocidos como protocolos de la vergüenza que la Comunidad de Madrid creó en lo peor de la pandemia del Covid y que impidieron el traslado de mayores de residencias a hospitales podrían llegar a Europa. No es tan sencillo, pero tampoco imposible después de que la Audiencia Nacional (AN) haya recogido una denuncia -hasta el momento de redacción de estas líneas únicamente había admitido un recurso que sentaba esta...
Carlos Hidalgo, abogado que lleva el primer caso que ha llegado a la Audiencia Nacional: "Tengo fe en que se gane". La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha llegado recientemente a la Audiencia Nacional. De forma más precisa, el órgano se ha hecho cargo de una demanda a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que recoge, entre otras cuestiones, los conocidos como protocolos de la vergüenza; los documentos que impidieron el traslado de las personas mayores que vivían en residencias a hospitales..
Ayuso se queja de que el foco sobre su gestión es injusto porque otras autonomías también cerraron sus hospitales a mayores de residencias. EL PAÍS recopila algunos de esos documentos que muestran distintos niveles de exclusión. Isabel Díaz Ayuso ha intentado todo tipo de mensajes para defender su polémica gestión de las residencias de mayores en 2020. Lo último de la presidenta madrileña ha sido apuntar que otras comunidades redactaron protocolos para no hospitalizar a estas personas.
La Audiencia Provincial, en un auto del pasado 25 de octubre al que ha tenido acceso Radio Madrid, le dice al Juzgado de Instrucción número 50 que tiene que investigar si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros durante la pandemia, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López, tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que murieron en la residencia Amavir Ciudad Lineal de la capital sin ser derivados al hospital Ramón y Cajal
La Comisión Ciudadana que se formó para investigar y tratar de esclarecer lo sucedido en las Residencias de mayores de Madrid ha presentado su informe el pasado día 15 de marzo y en él se recogen las conclusiones obtenidas a partir de las declaraciones de las personas afectadas, de peritos, políticos, periodistas y de la abundante documentación recopilada. El 7 de marzo empieza a funcionar la gestión centralizada en la Consejería de Sanidad. El 12 de marzo el Consejero de Sanidad anuncia un plan de acción que nunca se llega a publicar...
Altos mandos de diferentes instituciones implicadas en la lucha contra el narco han solicitado al Gobierno de manera oficial que se refuercen las llamadas normas de enfrentamiento para que los agentes puedan tener una mayor cobertura táctica en sus actuaciones
Según ha asegurado Comisiones Obreras Sanidad Madrid, cuando sucedieron los hechos el centro médico no activó el protocolo de agresión sexual ni facilitó asistencia psicológica a la víctima. A pesar de la gravedad de los episodios acontecidos, el hospital no activó el protocolo VISEM de agresión sexual, ni le proporcionó calmantes o atención psicológica, según denuncia Comisiones Obreras en su informe. Además, el hospital cometió, como aseguran desde el sindicato, diferentes incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la..
Un estudio de un grupo de investigadores liderado por un profesor de Quebec revela además que la medicalización prometida nunca llegó a las residencias: "Es inaceptable desde el punto de vista ético" La Comunidad de Madrid empezó a limitar la derivación de mayores con COVID desde las residencias a hospitales una semana antes del estado de alarma y de la publicación del protocolo de la Consejería de Sanidad. Y la medicalización prometida a los centros nunca llegó. Estas son dos de las conclusiones a las que llega un estudio publicado por la...
