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La absolucion es un poco rara.

En la sentencia hecha pública este miércoles, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias, tal y como reclamaba la Fiscalía. La acusación particular, que representaba a medio centenar de familias, pidió siete años y medio de prisión.

El tribunal también fija que la acusada indemnice a Osakidetza con 20.000 euros por los gastos que supuso para el Servicio Vasco de Salud volver a inocular a los menores.

Esa actuación, ha constatado el tribunal, «genera un problema grave de salud pública que no se encuentra tipificado ni en los tipos penales que castigan conductas contra la salud pública, ni en los tipos penales correspondientes a delitos cometidos por funcionarios públicos».
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