La exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, no recurrirá la sentencia que dictó en su contra el juzgado de Instrucción número 3 de Estepona (Málaga) por el que fue condenada por un delito contra el honor de Rafael Marcos por llamarle «maltratador» y relacionarle con unos supuestos abusos sexuales que habría cometido sobre su hijo, por lo que deberá abonarle 10.500 euros.
El acusado, de 24 años y natural de Marruecos, reconoció los hechos ante la sala y admitió ser responsable de un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Inicialmente, la fiscalía reclamaba para él nueve años de prisión, pero ayer rebajó su petición de condena al apreciar la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que el sospechoso ha consignado el dinero de la indemnización. El encausado no cumplirá la condena de cuatro años de cárcel...
El otro preso como cooperador también ha salido libre después de que la Audiencia acordara la excarcelación tras descartar la autopsia que David falleciera por los golpes. Fuentes cercanas al caso han explicado que para la excarcelación bajo fianza se habría tenido en cuenta el informe de la autopsia, que indica que la muerte de David se produjo por una parada cardiaca y no por los golpes que le asestaron con un palo de un bate de béisbol o de una azada.
El Supremo confirma que el acusado mantuvo durante años a 39 empleados en alta sin abonar cuotas y creó relaciones laborales ficticias para que varias personas cobraran prestaciones a las que no tenían derecho
El magistrado investigó durante casi un año la infección en cinco ocasiones del móvil del presidente. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros tras recibir nuevos datos de Francia
Hace cuatro años que el Parlament aprobó una ley para fomentar la igualdad de trato y evitar la discriminación. Es esta legislación la que permite al Govern abrir expedientes y proponer sanciones ante declaraciones y comportamientos racistas y que señalen a colectivos de personas atentando a la discriminación, en este caso, de las personas musulmanas.
Víctimas de una estafa con casas modulares en Mallorca en 2016 muestran su indignación por el cambio de fecha. La Audiencia de Palma suspendió el pasado 17 de febrero un macrojuicio por estafas con casas modulares en Mallorca después de que el constructor y su mujer cambiaran de abogados.
La denuncia, también por tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia, incluye al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo. El Partido Popular presentará este martes una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo. Los acusa de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal.
