... “instrucciones” de Moncloa. El magistrado dicta auto de procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, a los que responsabiliza de la difusión del email siguiendo "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno"
La trayectoria del magistrado que ha procesado al fiscal general está marcada por su resistencia a que Rajoy fuera a declarar como testigo en el caso Gürtel, su voto particular contra la condena al PP a título lucrativo o su decisión de poner a la mujer de Bárcenas en libertad
“Yo he leído el auto del juez Hurtado y me parece, más que un auto, un cuento. Creo que si alguien tiene que marcharse es él, que lleva veintipico años trabajando para el Partido Popular, literalmente. El fiscal general del Estado, bajo mi punto de vista, por esto no tiene que marcharse..."
El juez le indica que debe explicar ante el instructor del "caso Koldo" o un notario las "presiones" de la mujer del presidente para que él las pueda investigar. Juan Carlos Peinado rechazó ayer tomar declaración como testigo a Aldama porque la Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera de la causa que instruye todo lo relacionado con la financiación pública de 475 millones de euros que recibió del Gobierno la aerolínea de Globalia.
El contexto: En el auto en el que propone procesar a García Ortiz, el juez no tiene en cuenta los testimonios de periodistas que tuvieron la información antes de que el correo con la confesión de González Amador le llegara al fiscal general. Es el caso de laSexta: así lo demuestra el chat interno del equipo de Tribunales de esta cadena.
"Yo es que creo que el hecho de que en nuestro país puedan sentar en el banquillo al fiscal general del Estado responde a que en este país hay golpistas que tienen poder para mandar sin presentarse a las elecciones y para mandar, aunque no gobiernen"
Vox, Manos Limpias, Hazteoír y el resto de acusaciones presentan un recurso contra la decisión del juez de imputar a la asistente de Gómez en Moncloa sin haberlo argumentado lo suficiente: están de acuerdo con el fondo pero temen que una nulidad termine arruinando la causa
La exalcaldesa de Madrid lamenta en declaraciones a ElPlural.com que el magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez actué desde una “visión personal” y “politizada”. Acusado por varios sectores de practicar el lawfare, su nombre lleva siendo noticia durante meses -ya, aproximadamente un año desde que empezara a investigar el caso- debido a que trata de mantener viva una investigación que, cuanto más avanza, más parece morir.
Es imposible encontrar en los anales de las investigaciones judiciales un cúmulo tal de excentricidades y anomalías procesales con el único objetivo de alimentar la confrontación y el debate político, sin tener en cuenta el daño institucional que está ocasionando. Si no fuera porque lo que está sucediendo es muy grave, el esperpento Peinado podría servir como guion de una película de Berlanga o de los Hermanos Marx. Para describir todas las extravagancias que ha protagonizado necesitaríamos un fascículo que excedería la extensión que debe tener
El oficial está imputado en una de estas tramas, pero insiste en su inocencia y que otros cuatro agentes sí han cometido irregularidades. Pide la nulidad de su causa, algo que la Audiencia rechaza. Implica también a otro guardia perito en otra causa (Hafesa) que ahora se está juzgando
No es la primera vez durante esta instrucción que Juan Carlos Peinado tergiversa la declaración de un testigo. Nadie, y digo nadie, ya sea del ministro al roba gallinas, debería recibir una resolución judicial que tergiverse lo que ha dicho en una declaración. Pero claro, perro no come perro. Luego los togados se echan las manos a la cabeza, y se escandalizan, de las críticas que reciben, de que se hable de corporativismo entre ellos o de que la gente cada día crea menos en la Justicia y opinen que hacen política utilizando sus togas.
Se produce una situación absurda, porque los jueces que han condenado al fiscal general del Estado por revelar secretos sin pruebas, son los mismos que han revelado información secreta, pero con una diferencia, que en el caso de los jueces es más grave. En el caso de la información que se reveló sobre la pareja de Ayuso, estaría contraviniendo el protocolo que firmó el Consejo de la Abogacía con la Fiscalía, que dice que esas negociaciones son privadas. Pero en el caso de los jueces, no se vulnera un protocolo, se vulnera algo que tiene mayor alcance jurídico, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Acusan que tanto el Gobierno de la responsable regional como el Ayuntamiento concedieron subvenciones prescindibles para el funcionamiento de las administraciones con Presupuestos prorrogados
...Montoro y Rajoy. Fernando Peña, fiscalista del despacho Nummaria que acaba de ser condenado a 80 años por fraude, denunció en 2021 a Margarita García-Valdecasas por falsificación de pruebas. El caso cayó en el juzgado del juez Peinado, que de momento no avanza en la instrucción. Fue la responsable de la ONIF nombrada por Montoro
