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Según el estudio, la deportación masiva de inmigrantes, si se sostiene, podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) entre el 1 y el 5 por ciento a lo largo de los próximos 25 años, con una caída en los salarios para vastos segmentos de la población.
El reporte distingue entre dos escenarios hipotéticos.
El primero es un esfuerzo de deportación sostenido durante 4 años que luego se suspende. Mientras que el segundo analiza el resultado de una ofensiva de una década en la que, además, se restringe de manera permanente el ingreso de nuevos inmigrantes no autorizados.
Bajo el escenario de cuatro años, la proyección estima una reducción del PIB real de 1 por ciento para 2034, cifra que se mantiene constante hacia 2054.
En contraste, el escenario de diez años anticipa una caída de 3.3 por ciento en el PIB para 2034 y un notable descenso del 4.9 por ciento para el 2054.
En el plano fiscal, el informe destaca que el 44 por ciento de los inmigrantes no autorizados pagan impuestos sobre la renta y nómina, sin recibir beneficios como Seguridad Social o Medicaid (salud).
Por lo tanto, su remoción generaría una pérdida de ingresos tributarios estimada en 187.400 millones de dólares entre 2025 y 2034.
Esto, sumado al incremento en gastos por detenciones, deportaciones y operaciones de aplicación de la ley, elevaría el déficit primario en 270.000 millones de dólares en términos convencionales, y hasta 350.000 millones de dólares al considerar efectos económicos indirectos (“dinámicos”) como la caída en los salarios promedio.
La política extendida a diez años implicaría gastos adicionales por 561.400 millones de dólares, sumados a los 170.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el 2025 y 2026, lo que podría elevar el costo total a 900.000 millones de dólares en la década.
El modelo también proyecta una caída en los salarios, particularmente entre trabajadores de alta especialización, afectando al 63 por ciento de la fuerza laboral.
Irónicamente, los trabajadores de baja cualificación podrían ver un aumento salarial, pero sólo si la política se mantiene de forma permanente más allá de los cuatro años iniciales.
En otras palabras, aunque en términos generales hay grandes pérdidas económicas, los trabajadores que reciben menores ingresos podrían mejorar su situación si la restricción se mantiene, pues las empresas se verían forzadas a pagarles más en ausencia de inmigrantes indocumentados.
Lo que dicen otros estudios sobre la deportación masiva en Estados Unidos
Los hallazgos de la Escuela Wharton se alinean con estudios más amplios sobre el impacto económico de la deportación masiva en Estados Unidos.
Por ejemplo, investigaciones anteriores del Centro para el Progreso Americano (CAP, por su sigla en inglés) habían proyectado caídas del PIB de entre 1,4 por ciento y 2,6 por ciento y más de un billón de dólares de pérdidas en recaudos tributarios durante un período de 10 años.
Además, se ha documentado el papel que juegan los inmigrantes en sectores como agricultura, construcción y servicios, y cómo su salida amenaza la productividad, eleva costos laborales y presiona precios al consumidor.
De acuerdo con el estudio de Wharton, Estados Unidos alberga actualmente a más de 11 millones de inmigrantes no autorizados, equivalentes a cerca del 3,4 por ciento de la población total.
Se trata, en su mayoría, de trabajadores en sectores de baja cualificación como agricultura, construcción y servicios, cuya labor es altamente complementaria con la de empleados especializados.
Por ello, señalan los investigadores, su expulsión masiva no sólo afectaría a las industrias que dependen directamente de esta mano de obra, sino también a profesionales de alto nivel cuyas tareas se articulan con la de los trabajadores migrantes.
El presidente Donald Trump ha fijado como meta central de su segundo mandato la deportación de millones de indocumentados, bajo la promesa de “recuperar empleos para los estadounidenses”.
Su administración habla de remover al menos siete millones de inmigrantes durante los próximos cuatro años, aunque algunos asesores han señalado que la cifra final podría acercarse al total de la población no autorizada.
Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, las deportaciones se han acelerado. Según cifras oficiales del Departamento para la Seguridad Interna (DHS por su sigla en inglés), en apenas seis meses de gobierno se han efectuado más de 650.000 arrestos y unas 200.000 expulsiones, la cifra más alta en una década.
Los operativos incluyen redadas en lugares de trabajo, redoblamiento de controles en aeropuertos y estaciones de transporte, así como la ampliación de centros de detención temporales en estados fronterizos y al interior del país.
Aunque la Casa Blanca sostiene que la estrategia reducirá la presión sobre los servicios públicos y devolverá empleos a ciudadanos de baja cualificación, el informe de Wharton advierte lo contrario: al eliminar de golpe una porción significativa de la fuerza laboral, se dispararían los costos para empleadores, se reduciría la competitividad y se generarían graves distorsiones en el mercado laboral.
#1"las empresas se verían forzadas a pagarles más" Esto lo dudo mucho, si es generalizada la bajada de sueldos (es lo que se persigue) el trabajador no tendrá la opción de decir que me voy al lado que me pagan más, porque comer es obligatorio y en USA no hay protección social para nadie (y la poca que hay se la ha cargado el zanahorio)
#2 En investigación hay gente que se puede llevar su trabajo a otra universidad o centro de investigación, incluso al extranjero. Esa pérdida puede ser muy costosa.
#4 El problema es que eso provoca una reacción en cadena... La economía de los individuos que realmente producen riqueza puede tener consecuencias desastrosas para el resto. Las grandes corporaciones no son ni remotamente conscientes de como eso afecta realmente a la economía. Por ponerte un ejemplo. Ozempic esa medicina para diabéticos fue desarrollada en Dinamarca, en la Novo Nordisk. Solo ese producto ha producido un crecimiento económico bestial en la economía danesa, sé lo que estás pensando, Dinamarca es un país enano, etc, etc, etc.
Lo cierto es que hay inventos industriales (para consumo de otras empresas) que tienen un impacto similar. Si echas a los equipos que crean ese tipo de productos, servicios, etc. Puedes enviar tu economía a freír espárragos en menos de una década, porque esa gente, no los bancos o los especuladores, son los que realmente producen riqueza.
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Según el estudio, la deportación masiva de inmigrantes, si se sostiene, podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) entre el 1 y el 5 por ciento a lo largo de los próximos 25 años, con una caída en los salarios para vastos segmentos de la población.
El reporte distingue entre dos escenarios hipotéticos.
El primero es un esfuerzo de deportación sostenido durante 4 años que luego se suspende. Mientras que el segundo analiza el resultado de una ofensiva de una década en la que, además, se restringe de manera permanente el ingreso de nuevos inmigrantes no autorizados.
Bajo el escenario de cuatro años, la proyección estima una reducción del PIB real de 1 por ciento para 2034, cifra que se mantiene constante hacia 2054.
En contraste, el escenario de diez años anticipa una caída de 3.3 por ciento en el PIB para 2034 y un notable descenso del 4.9 por ciento para el 2054.
En el plano fiscal, el informe destaca que el 44 por ciento de los inmigrantes no autorizados pagan impuestos sobre la renta y nómina, sin recibir beneficios como Seguridad Social o Medicaid (salud).
Por lo tanto, su remoción generaría una pérdida de ingresos tributarios estimada en 187.400 millones de dólares entre 2025 y 2034.
Esto, sumado al incremento en gastos por detenciones, deportaciones y operaciones de aplicación de la ley, elevaría el déficit primario en 270.000 millones de dólares en términos convencionales, y hasta 350.000 millones de dólares al considerar efectos económicos indirectos (“dinámicos”) como la caída en los salarios promedio.
La política extendida a diez años implicaría gastos adicionales por 561.400 millones de dólares, sumados a los 170.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el 2025 y 2026, lo que podría elevar el costo total a 900.000 millones de dólares en la década.
El modelo también proyecta una caída en los salarios, particularmente entre trabajadores de alta especialización, afectando al 63 por ciento de la fuerza laboral.
Irónicamente, los trabajadores de baja cualificación podrían ver un aumento salarial, pero sólo si la política se mantiene de forma permanente más allá de los cuatro años iniciales.
En otras palabras, aunque en términos generales hay grandes pérdidas económicas, los trabajadores que reciben menores ingresos podrían mejorar su situación si la restricción se mantiene, pues las empresas se verían forzadas a pagarles más en ausencia de inmigrantes indocumentados.
Lo que dicen otros estudios sobre la deportación masiva en Estados Unidos
Los hallazgos de la Escuela Wharton se alinean con estudios más amplios sobre el impacto económico de la deportación masiva en Estados Unidos.
Por ejemplo, investigaciones anteriores del Centro para el Progreso Americano (CAP, por su sigla en inglés) habían proyectado caídas del PIB de entre 1,4 por ciento y 2,6 por ciento y más de un billón de dólares de pérdidas en recaudos tributarios durante un período de 10 años.
Además, se ha documentado el papel que juegan los inmigrantes en sectores como agricultura, construcción y servicios, y cómo su salida amenaza la productividad, eleva costos laborales y presiona precios al consumidor.
De acuerdo con el estudio de Wharton, Estados Unidos alberga actualmente a más de 11 millones de inmigrantes no autorizados, equivalentes a cerca del 3,4 por ciento de la población total.
Se trata, en su mayoría, de trabajadores en sectores de baja cualificación como agricultura, construcción y servicios, cuya labor es altamente complementaria con la de empleados especializados.
Por ello, señalan los investigadores, su expulsión masiva no sólo afectaría a las industrias que dependen directamente de esta mano de obra, sino también a profesionales de alto nivel cuyas tareas se articulan con la de los trabajadores migrantes.
El presidente Donald Trump ha fijado como meta central de su segundo mandato la deportación de millones de indocumentados, bajo la promesa de “recuperar empleos para los estadounidenses”.
Su administración habla de remover al menos siete millones de inmigrantes durante los próximos cuatro años, aunque algunos asesores han señalado que la cifra final podría acercarse al total de la población no autorizada.
Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, las deportaciones se han acelerado. Según cifras oficiales del Departamento para la Seguridad Interna (DHS por su sigla en inglés), en apenas seis meses de gobierno se han efectuado más de 650.000 arrestos y unas 200.000 expulsiones, la cifra más alta en una década.
Los operativos incluyen redadas en lugares de trabajo, redoblamiento de controles en aeropuertos y estaciones de transporte, así como la ampliación de centros de detención temporales en estados fronterizos y al interior del país.
Aunque la Casa Blanca sostiene que la estrategia reducirá la presión sobre los servicios públicos y devolverá empleos a ciudadanos de baja cualificación, el informe de Wharton advierte lo contrario: al eliminar de golpe una porción significativa de la fuerza laboral, se dispararían los costos para empleadores, se reduciría la competitividad y se generarían graves distorsiones en el mercado laboral.
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Lo cierto es que hay inventos industriales (para consumo de otras empresas) que tienen un impacto similar. Si echas a los equipos que crean ese tipo de productos, servicios, etc. Puedes enviar tu economía a freír espárragos en menos de una década, porque esa gente, no los bancos o los especuladores, son los que realmente producen riqueza.