La Ley de Montes de 2003 opta con claridad por la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas para beneficio de un medio forestal que no entiende de fronteras administrativas.Los tremendos incendios de este verano han pillado por sorpresa a nuestros políticos y a nuestras administraciones públicas. Ya ocurrió con la dana, que demostró de forma dramática que no tenemos administraciones ni dirigentes capaces no ya de prevenir, sino de reaccionar con eficiencia y rapidez frente a catástrofes de estas dimensiones.
Ábalos y Koldo ocupan las portadas. Pero los políticos son otros. Lo normal es que vayan llegando más porque han estado en el negocio mucho tiempo y puede haber bastante más gente importante en el ajo. Y lo previsible es que tanto Ábalos como Koldo y próximamente Cerdán terminen experimentando la iluminación de Bárcenas, hagan gárgaras y se arranquen a cantar. Los muchachos del Peugeot esperan que las cosas funcionen de manera distinta. Primero, una operación de desinformación y descrédito para tumbar la presunción de neutralidad de UCO podría
Esto va de un hombre público. De un político socialista llamado Pedro Sánchez Pérez-Castejón que a los 31 años se presentó a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Madrid de 2003 y un año después se convirtió en concejal tras la renuncia de una compañera.Y va de ese concejal porque entró en el consistorio comprometiéndose a aplicar el programa electoral del PSOE de Madrid que incluía la “lucha contra la prostitución”. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los antecedentes de un político y no digamos de un jefe de Gobierno, en la medid
La red de corrupción que se ha creado alrededor del gobierno de Sánchez va mucho más allá de los casos de Cerdán, Ábalos y Koldo. La estrategia de comprar votos y apoyos tirando de una deuda inasumible es uno de los pilares del sanchismo. Corrupción es tirar cada semana de hasta 6.000 millones de euros de gasto sin espacio presupuestario, despilfarrar miles de millones en politizar empresas, tirar de chequera en blanco y fondos europeos para contentar a socios parlamentarios depredadores. Disparar la deuda en más de 350.000 millones de euros y