El juez Alba pide que el Estado pague la indemnización por sus tres delitos

El juez Salvador Alba, suspendido en sus funciones pero pendiente de expulsión de la carrera judicial, ha pedido a través del Tribunal Supremo que el Estado español asuma y por lo tanto pague los 60.000 euros de indemnización a los que ha sido condenado por tres delitos: prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Los cometió, según sentencia firme del pasado 25 de noviembre, cuando conspiró para perjudicar la carrera profesional y política de la magistrada Victoria Rosell