Los movimientos ciudadanos Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid han exigido a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, una rectificación por lo que consideran "declaraciones vejatorias" sobre los fallecidos en estos centros durante la pandemia, y la han convocado a un acto de conciliación este mismo miércoles en los Juzgados de Plaza de Castilla en la capital. "Porque no se hubieran muerto igual si lo hubieran hecho ejerciendo su derecho a una asistencia sanitaria y una muerte digna".
El alto cargo del Gobierno de Ayuso justifica también la existencia de los protocolos dentro de un contexto "propio de una catástrofe". Mur le explica al juez que, en estas circunstancias, "hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento". Por tanto, había que utilizar los recursos para personas con mejor pronóstico. Dice que hay estudios posteriores que acreditan que el traslado a hospitales no salvó vidas. Acorde a ese informe, el 42% de los enfermos de COVID trasladados al hospi
La comisión ciudadana por la verdad infiere, tras meses de investigación y más de 25 testimonios, que las decisiones políticas y de gestión en la Comunidad de Madrid fueron clave en el fallecimiento de los 7.291 residentes.
La comisión ciudadana por la verdad infiere, tras meses de investigación y más de 25 testimonios, que las decisiones políticas y de gestión en la Comunidad de Madrid fueron clave en el fallecimiento de los 7.291 residentes.
Uno de los cuatro responsables de la gestión en Madrid acusado de discriminación es Pablo Busca, gerente del Summa 112, que cumplió un papel clave para evitar los ingresos hospitalarios, según los denunciantes
Durante la movilización han denunciado las 20.000 personas que murieron en tan solo dos meses en las residencias de mayores de toda España, de las que casi la mitad, 9.470, vivían en centros madrileños. Sin embargo, un número ha protagonizado la concentración: 7.291, justo las personas a las que entre marzo y abril de 2020 “se le negó la asistencia sanitaria en residencias sin recursos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha explicado Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
“La dejadez del Gobierno autonómico no solo compromete la calidad de los cuidados, sino que pone en riesgo la salud y la dignidad de las personas mayores”, sostiene MATS en un comunicado. El sindicato no dispone de cifras de contratación totales, ya que el Gobierno regional no se las facilita, algo que tampoco hace a preguntas de este diario, pero asegura que es algo que ocurre “de forma generalizada en las 25 residencias” de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pleitea para no tener que hacer públicas las actas de la Policía municipal de Madrid en las residencias durante la primera ola de la pandemia, los alcaldes del PP en la región emulan la misma actitud obstruccionista y se niegan a entregar los atestados policiales respecto a las residencias de sus municipios. Los concejales de Más Madrid llevan pidiendo esas actas en sus respectivos municipios desde principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno regional interpuso un recurso contencioso-admin
EL Salto Diario (18/06/2020) En Madrid existen 475 residencias para la tercera edad. Solo 25 son 100% públicas y 18 de ellas tienen su gestión externalizada. El resto las administran empresas que, o bien funcionan con algún concierto con la Comunidad (161) o bien son totalmente privadas (271). Como explica Julio de la Fuente en CTXT, el Gobierno regional solo gestiona directamente el 5% de los geriátricos, que representa el 12% de las plazas. Las condiciones de partida de estos centros han sido objeto de denuncias y reclamaciones desde hace años. Grupos como DomusVi, Aralia y Amavir destacan…
Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis de todas las actas, hechas públicas por Más Madrid, en al menos el 67% de los casos los centros visitados por los agentes no tenían ningún médico en esos momentos o como mucho tenían uno. Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 19 de abril de 2020, en pleno estado de alarma, que la región contaba con “más de 100 residencias medicalizadas”
Las residencias de la Comunidad de Madrid han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. El 18% de los usuarios (7.690) de geriátricos madrileños han fallecido entre marzo y mayo, en los momentos más duros de la pandemia. Casi uno de cada cinco, pero el Gobierno regional solo ha intervenido 14 de los 710 centros, el 2%. Tampoco ha llegado a medicalizar los geriátricos, como prometió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al inicio de la pande...
Está cifra puede subir porque la Comunidad de Madrid ha eliminado la exigencia de la ratio mínima del 0,15 para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento, dentro del nuevo acuerdo marco 2026 para la gestión de plazas en residencias para personas mayores.
Es la segunda dimisión que tiene que afrontar el consejero Alberto Reyero, después de que Carlos Reus, su jefe de Gabinete, abandonara el cargo. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez López, responsable de los centros sociosanitarios y residencias de la región, ha presentado la dimisión por estrictos "motivos de salud".
La mortalidad en las personas mayores con covid-19 que vivían en residencias y que no fueron hospitalizadas durante marzo y abril de 2020 superó el 40 % en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras comunidades autónomas osciló entre el 7,7 % y el 25,9 %, según un estudio publicado en la revista internacional de Epidemiología.
En la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total de residentes); y de ellas, 7.291, el 77%, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que esta Comunidad contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).
Los informes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante sus inspecciones a las residencias de la capital ofrecen un retrato fidedigno del horror que sufrieron los mayores, el agotamiento físico y mental de sus trabajadores y la sensación de abandono por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para evitar que estas actas salgan a la luz, como exige el Consejo de Transparencia al dar la razón a un ciudadano que las había solicitado formalmente.
La Comunidad de Madrid señala en un nuevo informe que “nunca hubo protocolos firmados por políticos”. "El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz"
Los últimos movimientos, tanto por parte del Gobierno regional como del partido en Madrid, evidencian su incomodidad sobre un asunto que pensaban que ya había quedado atrás. En su intento de contrarrestar la emisión del documental en RTVE sobre las residencias, el Ejecutivo regional ha provocado un 'efecto Streisand': en Madrid la audiencia fue del 26%. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suele estar cómodo en la confrontación. Ayudada por su mediático jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta madrileña casi siempre logra desviar..
El gobierno regional ha enviado un requerimiento formal a Transportes para que convoque la reunión; si no lo hace, Sol recurrirá a los tribunales Gobierno de la Comunidad de Madrid ha perdido la paciencia con Óscar Puente y ha decidido llevar al ministro ante la Audiencia Nacional por no convocar en tres años la Conferencia Sectorial del ramo para coordinar la red ferroviaria madrileña. Una situación que el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, lleva denunciando desde hace meses y que ahora se judicializará. Considera que no convocat es algo
La ministra anuncia su candidatura regional para 2027 en un acto de Más Madrid cargado contra la presidenta de la CAM mientras sigue sin cerrar la huelga médica. Vuelve para medirse con una rival que ya la derrotó contundemente antes de abandonar Madrid
"Mónica García presentará su candidatura entre el 25 de abril y el 1 de mayo". Así lo comunicaba hace unos días un dirigente de Más Madrid a un reducido grupo de personas, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes del partido de toda solvencia.
Cataluña es, con 10.601 millones de euros, la comunidad autónoma más beneficiada por las ayudas de los fondos europeos 'Next Generation' en los cinco años de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además lo hace con una gran distancia respecto del resto de comunidades. Ha recibido 1.054 millones más que Madrid; 1.814 más que Andalucía; 3.543 más que la Comunidad Valenciana; y 5.771 millones más que Galicia. Todo lo que ha recibido Cataluña es equivalente a lo que han recibido juntas
“No fallan las instituciones, fallamos como seres humanos”. "Sí hay salas disponibles, pero no nos las dan porque somos gitanos". Una simple pregunta: ¿Se hace un uso correcto y cívico de las instalaciones? ¿Cómo de fuerte será el patrón para que se tomen esas medidas tan rotundas? Seguro que los constantes abusos que vemos a diario en la sanidad pública, y de los que está prohibido hablar, no guardan ninguna relación. https://x.com/elespanolcom/status/2042181944130089296
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el comisionista Víctor de Aldama declare como testigo en la causa abierta contra Begoña Gómez porque solo ha ofrecido afirmaciones “genéricas” y sin relevancia sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal, únicamente se mencionan hipótesis, presunciones o conjeturas”, subraya el tribunal, que tumba así la iniciativa de las acusaciones populares —que incluyen a grupos ultras como Vox, Manos Limpias y
Los cálculos internos de la Consejería de Sanidad cifran, hospital a hospital, el dinero que no se ha cobrado a Quirón y Ribera Salud por pacientes suyos tratados en la pública. El Tribunal de Cuentas tiene abierta una investigación
