Reaccionamos a las declaraciones de Javier Pérez Royo. El Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, ha vuelto ha llevarse los aplausos en las redes. Hasta El juez García Castejón se lleva lo suyo.
Jordi Turull, ha explicado que el concepto 'lawfare' o judicialización política no aparece de forma textual en la proposición de ley de amnistía reigistada por el PSOE porque el redactado de la norma solo incluye conceptos jurídicos, y este es "político". En cualquier caso, asegura que, de forma implícita, el 'lawfare' está incluido en el apartado 1A de la proposición, donde se reflejan este tipo de casos considerados los independentistas una persecución política de "toda la gente" hostigada "por una cúpula judicial desbocada".
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha admitido este viernes que una amnistía para el proceso independentista catalán "seguramente no estaba" en sus planes, pero los resultados de las elecciones generales no les dieron mayoría absoluta y tuvieron que recoger planteamientos de otros partidos.
El ministro considera un ejemplo de lawfare el caso de Vicky Rosell, que dejó la política tras ser imputada por su actuación como jueza en un caso que fue finalmente sobreseído. También cree que hay "otros de menor intensidad" que son "muy claros también".
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha mostrado "respeto absoluto" al Poder Judicial y la separación de poderes, a la vez que ha culpado al PP de no comportarse así en la época de Mariano Rajoy, al ser preguntada por las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que señaló que ha habido casos demostrados de 'lawfare' o persecución judicial de la política.
Los vocales le reprochan «sintonía» con quienes vierten acusaciones de lawfare y dicen que no puede ser idóneo quien nombra a los suyos en desviación de poder y tiene «desidia» en cumplir las sentencias.
El caso neurona retrata no solo la absoluta falta de deontología profesional de los medios de la derecha y de la progresía mediática sino que también evidencia la parálisis de algunas izquierdas para enfrentar el peligro que esto supone para la democracia. ¿Se han vendido?.
La joven declara ante el juez el mismo día que el Supremo confirma la condena de cinco años para el exmarido de Oltra por abusar sexualmente de ella cuando era menor y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana.
La jueza manda al banquillo a Carlos Sosa, en contra del criterio del fiscal. Que no ve delito alguno en estas informaciones y es contundente en la defensa del trabajo periodístico de nuestro compañero. Durante toda la instrucción –más de un año– esta jueza advertía en cada auto de las consecuencias de divulgar el contenido de esta causa, a pesar de que nunca fue declarada como secreta. La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros –siete veces más que la indemnización que pagó Alba a Rosell por su condena por prevaricación–.
