La Guardia Civil y la Guardia Urbana de Tarragona detuvieron, el pasado miércoles, al administrador de una empresa de venta de bebidas de Tarragona como presunto autor de un delito de trata de seres humanos en el ámbito laboral al tener empleados en situación irregular que incluso pernoctaban en un almacén en condiciones insalubres.
El PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox han votado en contra de una ley impulsada por la Comisión Europea para luchar contra la explotación laboral, incluyendo el trabajo infantil. Los populares europeos se han dividido en el Parlamento Europeo en la votación de la Directiva de Diligencia Debida y la delegación española ha sido una de las que la ha rechazado. La derecha teme que ese tipo de legislación suponga una traba para el desarrollo y la competitividad empresariales.
El centro de menores migrantes instalado en el colegio Camilo José Cela, en Gran Canaria, ha sido desalojado. El recurso estaba gestionado por la Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias y acusado de explotación laboral por haber empleado supuestamente a menores migrantes en sus fincas de forma ilegal.
Una empleada se esconde detrás de una palmera para encender un cigarrillo que le rebaje el estrés que le genera llevar ya ocho horas trabajando, cuando son las cinco de la tarde, y saber que aún ni ha cumplido con la mitad de su jornada laboral.
El desarrollo de las investigaciones permitió comprobar cómo varios españolitos de bien, encargados y administradores de dichas empresas se dedicaban a captar a personas en situación irregular para trasladarlos a fincas agrícolas, explotarlos laboralmente, aportando además documentación de otras personas que si contaban con permiso de residencia y trabajo, y que estaban dadas de alta en empresas de trabajo temporal
Tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la imputación alcanza a las máximas autoridades locales de la organización durante los últimos 40 años, y abre la puerta a procesos similares en otros países como España. Una estructura que reclutó al menos a 44 mujeres pobres, la mayoría de ellas cuando eran niñas y adolescentes, para ser sometidas a “condiciones de vida equiparables a la servidumbre”. Así define la justicia federal argentina el accionar desplegado por la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en ese país durante
La muerte por un paro cardiaco de una mujer de 49 años ha desatado un examen de conciencia sobre un complejo sistema de explotación laboral que afecta a más de 40.000 italianas, así como a trabajadores migrantes y estacionales.
La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a trece personas de entre 26 y 48 años en el marco de una operación para luchar contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrícola. Cinco de los detenidos -el líder de la organización y sus cuatro hombres de confianza- eran presuntamente los encargados de dirigir el entramado, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.
Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia han detenido en Alicante a un empresario hostelero acusado de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral al tener a un joven en situación irregular trabajando "en condiciones de esclavitud", y al que únicamente alimentaba con sobras de la comida de los clientes. La víctima trabajaba unas 16 horas al día, 50 horas semanales en el establecimiento hostelero y el resto cuidando a una persona de avanzada edad.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha citado el día 20 de mayo a Rafael Hernández, presidente de los agricultores y ganaderos canarios (COAG), para que declare en el marco de la investigación que lo señala como posible autor de un delito de trata con fines de explotación laboral, al haber presuntamente utilizado a diez menores migrantes que estaban en el centro de menores Tagoror -que dirige su hija- para trabajar de forma irregular en su plantación de papas el 20 de junio de 2023.
El salario medio prometido era de unos 50 euros diarios, pero solo recibían pequeñas cuantías económicas para subsistir, acumulando el empresario una deuda con los siete trabajadores objeto de explotación laboral de más de 16.000 euros
