A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos". El letrado plantea que el planteamiento de Manos Limpias es "incompatible" con los principios del despacho, dado que se "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

"Nunca habíamos vivido una situación como esta". El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo que este organismo consideró de "inusitada gravedad" la nota de prensa que el fiscal general del Estado ordenó difundir a los medios de comunicación sobre los pormenores de las conversaciones que la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía de Madrid para alcanzar un pacto de conformidad.

Las presiones de los sectores independentistas catalanes para que el Gobierno socialista haga un "gesto" a cambio del apoyo de los Presupuestos Generales del Estado no han hecho mella en la Fiscalía, que mantendrá la acusación de rebelión agravada por el uso de fondos públicos contra el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el principal responsable del proceso de secesión unilateral de Cataluña en ausencia del prófugo Carles Puigdemont.

Según la abogada del Estado, Rosa Seoane, "la violencia no fue un elemento estructural en el plan de los acusados para alcanzar sus fines".

Lo indignante es, por ejemplo, que la Mutualidad perdió 54 millones de euros en acciones del Banco Popular y nadie pestañeó. Los iluminados dirigentes poco antes de que el Santander pagara un euro por el Popular habían pasado de invertir una copla a invertir esa millonada. El Presidente, Sr. Sanz Fernández-Lomana, por cierto abogado del Popular, dijo: “Estamos tranquilosdisponemos de unas plusvalías de 1.300 millones de euros“. Chin pum. Desde entonces no recuerdo haber recibido como mutualista afectada información sobre qué acciones judiciales

La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.

María Teresa T. M. quiere que se indague quién dio la orden de engrilletarla y también plantea al juez que reclame un informe a la Abogacía de la Generalitat sobre por qué no se personó en la causa contra el educador

Varapalo del Tribunal Supremo a la Abogacía del Estado por interceder en defensa de Irene Montero «con una petición que no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil». El órgano administrativo recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) en busca de un atajo jurídico con el que evitar que la ministra de Igualdad en funciones tuviese que pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, el hombre cuyo derecho al honor vulneró al referirse públicamente a él como un maltratador, según una sentencia del Alto Tribunal.

La Abogacía del Estado se ha encargado del recurso de amparo contra la sentencia que condenó a la ministra en funciones por vulnerar el honor del exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre.

La Mutualidad defiende que ha hecho una gestión transparente de esos activos y de las rentas en las que derivarían y afirma que estos abogados tienen pensiones más bajas porque, históricamente, sus aportaciones han sido bajas. Entretanto, las miradas de los afectados se dirigen al sistema público, al que piden poder acceder a través de una especie de “pasarela” que les permita ahora llevarse sus ahorros a la caja común y, de esta forma, poder acceder a mejores prestaciones. Es una posibilidad que, por el momento, no está sobre

El recurso de amparo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra su condena por llamar maltratador al ex marido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, se ha topado con el primer obstáculo en el Tribunal Constitucional: el informe del letrado contrario a la admisión del recurso que ha presentado la Abogacía del Estado, a la que la ministra ha vuelto a utilizar nuevamente para lidiar su batalla en los tribunales.

La Abogacía del Estado está realizando los trámites previos para denunciar a otros dos directivos que no han devuelto el dinero

La Abogacía del Estado ha trasladado al Gobierno que tiene la obligación de presentar Presupuestos. Así se lo ha planteado cuestionada por este asunto en una consulta oral. Pero es que ya lo ha dicho por escrito en su último pronunciamiento sobre cuestiones presupuestarias. Así, el informe empieza justo subrayando que "el artículo 134 CE establece la obligación del Gobierno de presentar a las Cortes generales un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado [...] Esta obligación es un mandato impuesto por la Constitución".

Este encuentro tiene lugar a raíz de las informaciones publicadas en medios y el comunicado difundido por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con la denuncia interpuesta contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso

Pedro Sánchez encargó la querella personalmente al recién nombrado abogado general David Vilas Álvarez, . Malestar en el organismo por el movimiento del jefe del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales aseguran que la querella estaba preparada con antelación y que esta se presentó en el momento en el que el juez firmó el acta de la diligencia en Moncloa, con la intermediación directa ha sido entre la Presidencia y el recién nombrado abogado general, pese a que la firma la letrada del Estado Zaida Isabel Fernandez Toro. Fuentes jurídicas

La ampliación de la querella del presidente del Gobierno contra el instructor del caso Begoña Gómez incrementa el rechazo de muchos miembros de los servicios jurídicos estatales

Los servicios jurídicos del Estado se posicionan en contra de la pregunta que formuló el Supremo el 24 de julio sobre el artículo 1 de la ley de amnistía al entender que vulnera el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica. El Supremo "desarrolla una serie de argumentos de carácter político y doctrinal que esta representación no va a abordar, por cuanto exceden sobradamente el carácter jurídico-constitucional propio de una cuestión de inconstitucionalidad", afirma la Abogacía del Estado....

El cambio de ubicación se produjo antes del verano y supuso un traslado del gabinete del alto cargo que, hasta ahora, se alojaba en dependencias del Ministerio de Justicia. despacho del jefe de la Abogacía del Estado se encuentra ahora en dependencias del Palacio de la Moncloa. El abogado general se mudó al complejo que aloja las oficinas de la Presidencia del Gobierno semanas antes de que Pedro Sánchez presentara la controvertida querella de los servicios jurídicos estatales en contra del juez que investiga a su mujer, Juan Carlos Peinado

El Prestige, con pabellón de Bahamas, se partió cuando transportaba 70.000 toneladas de fuelóleo pesado El Tribunal de Apelación de Londres ha rechazado este jueves un recurso de España para ejecutar en Inglaterra una sentencia de la Justicia española que obligaba a la aseguradora del naufragado petrolero Prestige a pagar 855 millones de euros por la catástrofe medioambiental causada por su hundimiento en 2002. Esta corte respalda una decisión de 2023 del magistrado Christopher Butcher del Tribunal Superior que determinó que no podía inscribir

En el caso de la Fiscalía, además, llegó a la cuenta genérica de Delitos Económicos a la que tienen acceso más de 400 personas. Desde allí, alguien se lo reenvió a Salto por ser el fiscal asignado a la causa y una tercera persona lo imprimió y dejó una copia encima de la mesa de su despacho que comparte con otros tres fisca

La Abogacía del Estado, defensora del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta en el Supremo por supuesta revelación de secretos, considera que el juez instructor ha omitido pruebas relevantes que exculpan a su defendido. Por esa razón, la Abogacía ha recurrido ante el magistrado Ángel Hurtado para que suspenda la declaración del fiscal general, fijada para el próximo 29 de enero.