Un Legado de Privatización Sanitaria para España orquestado por Manuel Fraga y Romay Bacaria padrino y tutor de Feijoo y su asesora María del Mar Sánchez Sierra La sanidad pública gallega, históricamente considerada un pilar del Estado del bienestar en España, ha sufrido en las últimas décadas un proceso acelerado de privatización bajo los gobiernos del Partido Popular (PP) en la Xunta de Galicia. Este proceso, iniciado bajo Manuel Fraga y radicalizado durante los doce años de presidencia de Alberto Núñez Feijóo (2009–2022), ha convertido a Galicia —especialmente las provincias de Ourense y Pontevedra— en un laboratorio de políticas sanitarias privatizadoras con implicaciones que hoy se observan en todo el territorio nacional.

Durante los años de crisis el centro privado se ha beneficiado de un aumento de hasta un 40% de financiación y recursos públicos.

En las últimas tres décadas, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el laboratorio de pruebas de la privatización sanitaria española.

Entre los miembros de la agrupación territorial de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), coliderada por una prima de Alberto Núñez Feijóo y que busca la “transformación del sistema sanitario” en líneas empesariales, figura Mariluz Marqués, gerente de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y esposa del exconsejero Darpón.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsa un proyecto nuevo de ampliación del Hospital Niño Jesús mediante alguna forma de colaboración público-privada.

El artífice de la privatización sanitaria en Madrid será el cerebro judicial en la causa que ultiman ya miles de empresarios y comerciantes madrileños para reclamar indemnizaciones al Estado por los perjuicios económicos sufridos en la pandemia Manuel Lamela, titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, cobrará un 8% de todas las compensaciones económicas

Denuncian el “riesgo de infección enorme” con imágenes del material “supuestamente estéril” del Hospital 12 de Octubre. “Este es el precio de externalizar el servicio de esterilización del Hospital 12 de Octubre”

El presupuesto andaluz de 2023 prevé un 42,78% más de pacientes derivados a la privada que en 2018, porcentaje que sube al 112,97% en intervenciones quirúrgicas y al 224% en estudios diagnósticos

El argumento de reducir las listas de espera, en lugar de atender a las quejas sindicales por falta de personal, ha justificado que el servicio público de salud y su organización para el diagnóstico por imagen (Osatek) deriven las pruebas a centros del sector privado, con médicos especialistas y responsables del servicio de radiodiagnóstico en Osakidetza. Desde 2017 se han externalizado al menos 20 millones de euros. .

"Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar", ha dicho la presidenta.

Las manifestaciones en todas las capitales de la comunidad claman contra “el fracaso de la política sanitaria” de la Junta de Andalucía. Mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, defendía la gestión de la sanidad realizada de su Ejecutivo en la clausura del congreso regional del PP en el que ha sido reelegido como su presidente autonómico, miles de personas clamaban en las calles de toda la comunidad precisamente por “el fracaso de la política sanitaria del gobierno andaluz”, y pedían su dimisión, un grito que hasta..

El Cercle de Salut, 'cantera' de la consejería, inicia el motín contra el veto a las externalizacionesLa ministra 'traiciona' al mismo Hospital Sant Joan de Déu que visitó en 2025: la norma lo podría dejar fuera del sistemaMás información: La sanidad concertada exige presupuestos para Cataluña

Exigimos la derogación de la Ley 15/1997, que permite la gestión privada de la sanidad pública, la derogación del RDL 16/2012, que legaliza la exclusión sanitaria, y una financiación mı́nima del 25% del presupuesto sanitario para la Atención Primaria. Anunciamos movilizaciones coordinadas en más de 10 CCAA para frenar el desmantelamiento de la sanidad pública y el fin de las privatizaciones.

Plataformas ciudadanas, asociaciones, movimientos sociales y organizaciones a favor de la sanidad pública de toda España nos unimos para frenar el colapso sanitario que sufre todo el país, acabar con las privatizaciones en la red pública sanitaria y exigir los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanı́a. Reivindicamos la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud en España, que permite las concesiones público-pri

Los sanitarios denuncian que, más de un año después de su primera queja, el material sigue llegando sin esterilizar y aseguran que el servicio "funcionaba de manera impecable" cuando era público

Ayuso defiende su modelo de gestión sanitaria a pesar de lo ocurrido en el Hospital de Torrejón

El 50% de las camas que utilizan los usuarios de la sanidad pública en Cataluña dependen de un gestor privado, mientras que esta situación solo ocurre en el 14% de las camas hospitalarias en Madrid. informe elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre la penetración de la sanidad privada en nuestro país concluye que la privatización sanitaria es cuatro veces superior en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. En la región gobernada por Salvador Illa, el 58% de los hospitales públicos dependen de la gestión de entes privados. De los 109 conciert

La privatización del sector eléctrico en España es un ejemplo paradigmático de cómo la transferencia de activos públicos a manos privadas puede priorizar el beneficio económico sobre el bienestar social. Este proceso, impulsado por gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP) desde la década de los ochenta, ha transformado la electricidad, un servicio básico, en un negocio dominado por un oligopolio de empresas privadas. El resultado ha sido un incremento sostenido de los precios, una menor soberanía ener...

Será el tercer intento de tomarles declaración tras dos cancelaciones en mayo y junio. Dos juzgados diferentes de la región capitalina han citado a declarar esta semana como imputados a tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en sendas causas donde se someterá a examen si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes o 'protocolos de la vergüenza'.

El contexto Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.