El juzgado de instrucción número19, ahora a cargo del juez Antonio Viejo, no ha dado traslado a los abogados de los cinco acusados para que presenten sus escritos de defensa.
Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría, admitió en 2015 ocho delitos contra la Hacienda Pública entre 2006 y 2008. El fraude fiscal consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación. El abogado y fiscalista aceptó dos años de cárcel que no cumplió tras devolver a Hacienda 4,1 millones de euros.
El rey emérito Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina de Borbón han sido denunciados como presuntos autores de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales por la Asemblea Republicana de Vigo, que esta mañana ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Cidade da Xustiza de Vigo. Este organismo ha decidido esta medida con motivo del reciente anuncio por parte del rey emérito de crear una Fundación con sede a Abu Dabi para la gestión de "fondos millonarios ocultados en la hacienda española", según afirma la organización republica
La citación llega después de que la Fiscalía la solicitase de forma urgente, advirtiendo al Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid de que se estaba agotando el plazo de instrucción.
Según explica Europa Press, el empresario ha realizado esta solicitud a la magistrada Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado Número 19 de Madrid al tener "un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero a los Estados Unidos y México".
A diez días para que se celebre el acto de conciliación entre la representación legal de Juan Carlos de Borbón y la de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, paso previo a la interposición de la demanda por vulneración del derecho al honor anunciada por el rey emérito, el Tribunal Supremo da a conocer su respuesta negativa a investigar a Juan Carlos I e inadmite la querella que un grupo de juristas e intelectuales presentó hace cuatro meses y medio contra él por cinco delitos fiscales...
La Fiscalía considera a Juan Francisco Robles responsable de haber defraudado a Hacienda 1,78 millones de euros durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 a través de gastos y facturas falsas. Tras hacerse pública su imputación, el dirigente ultraderechista ha presentado su renuncia tanto como candidato al Congreso como a su puesto como secretario y tesorero de la gestora provincial del partido.
Viajó a Buenos Aires la noche del martes, solo horas después de haber reconocido en la Audiencia Nacional la comisión de cinco delitos fiscales al haber defraudado dos millones de euros entre 2010 y 2014 que ingresó por su trabajo en Cuéntame cómo pasó, aceptando una pena de dos años y dos meses de prisión -que no cumplirá.
El escrito presentado por PSOE y Más Madrid señala también la posible existencia de otros cinco posibles delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable. El citado escrito recoge que se pueden hallar en estos hechos “elementos que permiten indiciariamente sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía ...
Teresa Peramato, fiscal general del Estado, continúa favoreciendo al entorno de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo, al nombrar a su mujer y a la fiscal que fue imputada con él en un reciente Consejo Fiscal. Esta decisión agrava las tensiones dentro de la institución y no ayuda a sanar las divisiones tras el juicio por la filtración relacionado con el novio de Díaz Ayuso, según la Asociación de Fiscales, que ha emitido un comunicado crítico.
El periodo fiscal se inicia con mayor vigilancia de Hacienda y cambios en beneficios aplicables. La campaña de este año incorpora un refuerzo en los mecanismos de control. Las sanciones por incumplimiento varían en función de la gravedad. Ocultar datos a la Administración puede suponer recargos de entre el 50% y el 100% de la cantidad no declarada. Las deducciones indebidas o gastos no justificados pueden elevar la sanción hasta el 150%. En los casos más graves, como el uso de facturas falsas, las consecuencias son mayores.
