Son decisiones de tribunales privados. Si los ciudadanos tuviésemos información de qué firman en secreto nuestros gobernantes, quizás sería más probable un durísimo castigo electoral. Pero el periodismo no está para investigar e informar sobre eso.

Por cierto, edito para el panfleto de Marhuenda: el Instituto Cervantes NO es del Gobierno, es del Estado español. Ni con algo así pueden evitar tergiversar y manipular. Embustero por oficio.