El juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Ismael Moreno, ha encargado una investigación exhaustiva al Consejo de Obras Públicas sobre un total de ... diez grandes proyectos adjudicados por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (Mitma). El instructor asegura tener serios indicios de que esos proyectos —que fueron adjudicados a Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR)— pudieron ser amañados por la trama corrupta de José Luis Ábalos y Koldo García.
En un auto fechado el 16 de abril de 2026, ha decidido abrir una nueva pieza separada en este macrosumario (la número para investigar el «favorecimiento, de manera recurrente, a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica» a la trama de la que supuestamente participaban el exministro y su asesor. Se trataría, según las pesquisas del juez, de una red diferente (o al menos paralela) a la que encabezaría el también exdirigente Santos Cerdán y en la que también estaban involucrados Ábalos y Koldo.
Para llevar a cabo esos amaños, el magistrado indica que los expedientes de obra permanecían bajo el control de entidades subordinadas, de forma específica el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Dirección General de Carreteras. El auto identifica a Isabel Pardo de Vera, en su función de presidenta de Adif, y a Javier Herrero, como director general de Carreteras, a quienes describe como «los facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas», cada uno dentro de sus respectivas áreas de actuación.
En el ámbito ferroviario gestionado por Adif, se reclaman los dictámenes de cinco licitaciones. El primero de ellos es el proyecto El Mayor, que comprende las obras para el soterramiento de la red arterial en la ciudad de Murcia, el acceso ferroviario de alta velocidad de Levante que conecta Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, además de las intervenciones de soterramiento en la estación de la ciudad, en el sector de Barriomar y en la zona de Nonduermas.
También se investiga la ejecución de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad en la vía que une Murcia y Almería, concretamente en el tramo entre Pulpí y Vera. A esto se añade el expediente para la integración del ferrocarril en el municipio de Sant Feliú de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Además, el juzgado revisa el tratamiento de elementos de infraestructura, un apartado que agrupa trabajos en puentes, túneles y explanaciones, en la línea 800 de Monforte a Lugo, ubicados entre los puntos kilométricos 379+750 y 386+474. El quinto expediente ferroviario corresponde a una obra de emergencia aprobada para la estabilización de los taludes de las trincheras en la línea 750 de la red de ancho métrico, en el recorrido de Gijón Sanz Crespo a Pravia, en Asturias, entre los puntos kilométricos 230 y 560.
Por parte de la Dirección General de Carreteras, el requerimiento incluye cinco obras de infraestructura. El listado señala el proyecto en la autovía A-68, en el trayecto de Arrúbal a Navarrete, en La Rioja. En la provincia de Sevilla, se solicitan los expedientes de la construcción de los tirantes del puente del Centenario, en la autovía SE-30, localizada entre los kilómetros 10 y 12 de dicha vía. Asimismo, se incluye en la investigación el proyecto modificado número dos de la autovía A-32, de Linares a Albacete, sobre la carretera N-322 de Córdoba a Valencia, circunscrito al tramo entre Úbeda y Torreperogil.
El documento de instrucción apunta también a la obra de adaptación de la segunda calzada de la autovía A-63, en el trazado asturiano de Salas a La Espina, que abarca desde el punto kilométrico 0+600 al 5+490, junto a obras complementarias. Por último, se requiere el dictamen de adjudicación en la autovía A-12, conocida como autovía del Camino de Santiago, en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, afectando a las demarcaciones de La Rioja y Burgos.
Para justificar el requerimiento de información, el juez expone la presencia de pruebas amparadas en informes policiales, argumentando la «constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal». Asimismo, enumera una serie de presuntos delitos cometidos contra la Administración pública, concretando los de «cohecho, tráfico de influencias y prevaricación».
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En un auto fechado el 16 de abril de 2026, ha decidido abrir una nueva pieza separada en este macrosumario (la número
Para llevar a cabo esos amaños, el magistrado indica que los expedientes de obra permanecían bajo el control de entidades subordinadas, de forma específica el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Dirección General de Carreteras. El auto identifica a Isabel Pardo de Vera, en su función de presidenta de Adif, y a Javier Herrero, como director general de Carreteras, a quienes describe como «los facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas», cada uno dentro de sus respectivas áreas de actuación.
En el ámbito ferroviario gestionado por Adif, se reclaman los dictámenes de cinco licitaciones. El primero de ellos es el proyecto El Mayor, que comprende las obras para el soterramiento de la red arterial en la ciudad de Murcia, el acceso ferroviario de alta velocidad de Levante que conecta Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, además de las intervenciones de soterramiento en la estación de la ciudad, en el sector de Barriomar y en la zona de Nonduermas.
También se investiga la ejecución de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad en la vía que une Murcia y Almería, concretamente en el tramo entre Pulpí y Vera. A esto se añade el expediente para la integración del ferrocarril en el municipio de Sant Feliú de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Además, el juzgado revisa el tratamiento de elementos de infraestructura, un apartado que agrupa trabajos en puentes, túneles y explanaciones, en la línea 800 de Monforte a Lugo, ubicados entre los puntos kilométricos 379+750 y 386+474. El quinto expediente ferroviario corresponde a una obra de emergencia aprobada para la estabilización de los taludes de las trincheras en la línea 750 de la red de ancho métrico, en el recorrido de Gijón Sanz Crespo a Pravia, en Asturias, entre los puntos kilométricos
Por parte de la Dirección General de Carreteras, el requerimiento incluye cinco obras de infraestructura. El listado señala el proyecto en la autovía A-68, en el trayecto de Arrúbal a Navarrete, en La Rioja. En la provincia de Sevilla, se solicitan los expedientes de la construcción de los tirantes del puente del Centenario, en la autovía SE-30, localizada entre los kilómetros 10 y 12 de dicha vía. Asimismo, se incluye en la investigación el proyecto modificado número dos de la autovía A-32, de Linares a Albacete, sobre la carretera N-322 de Córdoba a Valencia, circunscrito al tramo entre Úbeda y Torreperogil.
El documento de instrucción apunta también a la obra de adaptación de la segunda calzada de la autovía A-63, en el trazado asturiano de Salas a La Espina, que abarca desde el punto kilométrico 0+600 al 5+490, junto a obras complementarias. Por último, se requiere el dictamen de adjudicación en la autovía A-12, conocida como autovía del Camino de Santiago, en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, afectando a las demarcaciones de La Rioja y Burgos.
Para justificar el requerimiento de información, el juez expone la presencia de pruebas amparadas en informes policiales, argumentando la «constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal». Asimismo, enumera una serie de presuntos delitos cometidos contra la Administración pública, concretando los de «cohecho, tráfico de influencias y prevaricación».