El que fuera vicesecretario general del PSOE andaluz y joven promesa del socialismo Rafael Velasco Sierra, su hermano, su esposa y dos cuñadas están a un paso del sentarse en el banquillo de los acusados por crear un «entramado empresarial» en torno a la ... academia familiar Aulacen Cinco SL. La sociedad administrada por la mujer del político recibió 193.938,30 euros a través de cuatro subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación cuando él ocupaba cargos públicos y era dirigente del partido.

El juez que investiga el fraude de la formación, José Ignacio Vilaplana, ha acordado el procesamiento de Velasco y de sus familiares por supuestos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de fondos públicos. Mediante un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último recurrible por las partes antes de la apertura de juicio oral, el magistrado procesa a otros cinco ex cargos autonómicos: el que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández García -que fue condenado por el fraude de los ERE-; Alonso S. F., exjefe de Servicio de la Dirección General de Formación, y tres exdirectores generales de Formación, Manuel Brenes, María José Lara y Manuel Jesús García Martín.

La publicación de las subvenciones concedidas a Aulacen Cinco SL acabó de manera abrupta con la fulgurante carrera del joven vicesecretario general del partido, que estaba bajo el mando del expresidente andaluz José Antonio Griñan. Velasco abandonó su escaño en el Parlamento andaluz y su cargo en la Ejecutiva Regional en octubre de 2010, tras trascender que la empresa regentada por su mujer había acaparado hasta 730.000 euros en subvenciones entre los años 2006 y 2009. Tras su cese como 'número dos' del partido, fue sustituido por la actual senadora y anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Aulacen Cinco SL, administrada por su mujer Antonia M.L., «habría sido beneficiaria injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo para la realización de actuaciones formativas para desempleados» por un importe total de 193.938,30 euros, concluye el juez en su auto dictado el 23 de febrero pasado, facilitado a ABC por el gabinete de prensa del TSJA.

«La actividad delictiva se habría desarrollado de forma sucesiva, vinculada y solapada en el tiempo» porque «cuando no ha terminado la justificación de una subvención se concede otra, se llevan a cabo actuaciones justificativas concurrentes con relación a varios expedientes de subvención, y así sucesivamente», relata el instructor en una resolución de 115 páginas. El último pago por importe de 10.324,12 euros se verificó con fecha del 21 de marzo de 2019, dos meses después de la llegada del PP a la Junta de Andalucía que desalojó a los socialistas después de casi 37 años de poder ininterrumpido.

Un trato de favor a la empresa del exdirigente
En el relato del auto sobrevuela un trato de favor de la Consejería de Empleo hacia la empresa familiar vinculada a Rafael Velasco. Recibió los fondos públicos «al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción», expone el instructor. Hubo, a su juicio, un «desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo».

El negocio funcionaba como una gran familia en el sentido más literal de la palabra. Antonia M.L., esposa de Velasco, era administradora única de la empresa; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco, cobraba como evaluadora en los cursos subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco, era docente en los cursos; y Pedro V. S., su hermano, también aparece como profesor.

La causa que sitúa a un paso del juicio a Velasco y a sus familiares se centra en cuatro subvenciones que la Junta concedió a Aulacen Cinco SL entre 2007 y 2009 por importes de 28.752,30 euros, 41.296,50 euros, 82.593,00 euros (sólo se abonó el 75% inicial por importe de 61.944,76 euros) y 41.296,50 euros, respectivamente.

Velasco mandó a la Junta un empleado del PSOE de Andalucía, subordinado suyo, para recoger a documentos sobre una ayuda dada a la academia de su esposa

Para abundar en la implicación del exdirigente socialista en el negocio familiar, el juez relata que «más allá de su parentesco, como cónyuge, con la administradora de la entidad beneficiaria, y como hermano de uno de los docentes», éste «habría recogido personalmente, en nombre de Aulacen Cinco SL la propuesta de programación del Curso de Formador Ocupacional», como consta en la documentación incorporada al sumario. En el expediente de la subvención de 82.593 euros para impartir dos cursos concedida en diciembre de 2008, «la propuesta de programación fue aceptada, en nombre de la empresa, por Juan Alfredo F. L.», que era chófer personal.

En su declaración ante la Unidad Policial encargada de la investigación, Luis Nieto Ballesteros, que luego ocupó el cargo de viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo entre los años 2010 y 2015, contó que «durante el periodo en el que trabajó en el PSOE de Andalucía, Rafael Velasco le solicitó que recogiera una documentación en su nombre» relativa a uno de los cursos subvencionados. El exdirigente era su superior directo dentro del PSOE, cuando este era el secretario de Organización del partido. Había coincidido una vez con su esposa «en una fiesta».

Los expedientes están plagados de irregularidades y «deficiencias». El juez señala que «se habría incumplido la disciplina de concesión, control, pago y justificación de tales subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo», todo ello «gracias al natural concurso de los beneficiarios, Rafael Velasco y Antonia M. L., con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención, en este caso, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

El objeto de las ayudas era «idéntico». Aun así, la segunda de ellas es por un importe superior en un 43% respecto a la recibida el ejercicio anterior, a pesar de tener las mismas condiciones, las mismas horas lectivas y estar dirigida la formación al mismo número de alumnos. Se omite «de forma sistemática» la aportación de presupuesto o estimación del coste de la actividad formativa presentada. «Los criterios de valoración seguidos por la Dirección General de Formación para el Empleo para otorgar una subvención» resultan, para el juez, «indefinidos e inmotivados».

Sin prácticas y alumnos emparentados con Velasco y su mujer
En un atestado que obra en el sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que los alumnos de la academia no llegaron a hacer ni las prácticas ni otras gestiones encaminadas a la inserción laboral, como entrevistas y reuniones con diferentes empresas», comprometidas en la formación subvencionada. Tampoco se acredita con documentos el proceso de selección de los alumnos. «Varios de ellos guardaban vinculación personal o familiar con Rafael Velasco» y su esposa. Aparte de la administradora única, Antonia M.L. figuraba como docente de cursos, aunque diferentes alumnos testificaron ante los agentes y el juez que no impartió clase en ninguno de ellos.