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Hacía dos años que la Consejería de Interior me había informado de que mi nombre figuraba como objetivo en las listas del Comando Vizcaya de ETA. En ese momento, se produjo un quiebro vital. Al estupor mayúsculo de convertirme en objetivo de ETA por el simple hecho de ser periodista, de trabajar en un medio de comunicación en el País Vasco y de defender una sociedad libre, democrática y pacífica, se añade el de empezar a vivir siguiendo un estricto protocolo de seguridad, tan estricto que mi vida se acabó convirtiendo en una cárcel: acompañada siempre por dos escoltas, viajando en un coche con inhibidores, restringiendo mis movimientos al máximo y obligada a adoptar un sinfín de medidas de protección, entre ellas, una a rajatabla: no recibir ningún tipo de correspondencia ni paquetería en casa.

Esa advertencia nos salvó la vida a mi familia y a mí aquel fatídico 17 de enero de 2002. Ese día me encontraba trabajando en Vitoria, cuando recibo una llamada de mi madre. Me avisa de que acaba de llegar a casa un paquete de Confebask (la Confederación Empresarial Vasca) a mi nombre y que mi sobrinita, de 3 años, está tratando de abrirlo pensando que es un regalito para su tía.
Inmediatamente, se me encendieron todas las alarmas. ¿Un paquete? ¿En casa? ¡Ama, por favor! Quítaselo a la niña con mucho cuidado, colócalo en un lugar lo más alto que puedas y salid de allí. ¡Ya!

Ojalá me hubiera fallado el instinto, pero no. Mientras emprendía viaje de regreso a casa con el corazón desbocado, atenazada por la angustia, una llamada de la Ertzaintza me alerta de que habían detectado una furgoneta de reparto con tres paquetes-bomba dirigidos a tres periodistas. El mío es el único que llegó a entregarse. Y fueron los artificieros quienes, horas más tarde, lograron sacarlo a un jardín próximo y explosionarlo allí, sin que nadie resultara herido.

Pero los 230 gramos de dinamita que contenía habrían reventado el edificio y a todas las personas que se encontraban en su interior. En mi casa: mi madre, mi hermana y mis dos sobrinitas, una de ellas bebé, una recién nacida.

A la angustia y al dolor insufribles por haber visto en peligro la vida de los tuyos, se unieron desde aquel terrible día, el incalculable daño psicológico y moral que el atentado provocó en mi familia. Tanto mi hermana como mi madre, víctimas directas del atentado, sufrieron lo indecible. Desde entonces, mi madre arrastró hasta su fallecimiento una profunda depresión. Y siempre, temiendo por mi vida.
Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', jefe militar de ETA en esa época, fue quien dio la orden de asesinarme. El mismo Txeroki que acumula más de 400 años de condena y 21 atentados. El mismo Txeroki a quien, hace una semana, se le ha concedido un régimen de semilibertad, sin que haya mostrado un ápice de arrepentimiento. La izquierda abertzale lo sigue exhibiendo como un 'héroe'.
Indignación, impotencia, indefensión, desamparo... las palabras se quedan cortas para expresar el cúmulo de sentimientos que esta noticia ha provocado en mí. La alarma que, de nuevo, 24 años después del atentado, me ha generado. La revictimización que supone.
Y apenas unos días después, Asier Arzalluz Goñi, otro de los miembros del comando que intentó asesinarme, ha sido 'premiado' con la concesión del tercer grado. Y por si fuera poco, a través de sus abogados, se empecina en romper la orden de alejamiento establecida por sentencia judicial que le obliga a no acercarse a menos de 50 kilómetros de mi lugar de residencia. Un empecinamiento que respalda la fiscalía de la Audiencia Nacional. Un fiscal respaldando la comisión de un delito (violar una orden de alejamiento lo es). Pero... ¿en manos de quién estamos?

Dos bofetadas seguidas en la cara de las víctimas por parte de quienes deberían protegernos. Todo vale en una política que persigue vaciar las cárceles de terroristas de ETA por la vía exprés.

Tengo que manifestar mi estupor por las declaraciones esta semana de la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José (PSE) en el sentido de que la concesión de estos beneficios penitenciarios a Txeroki y a tantos otros presos de ETA responden a un «escrupuloso cumplimiento de la ley». Estas declaraciones no son sólo un insulto a las víctimas. Son un insulto a la inteligencia.
¿Alguien cree que Txeroki se ha desligado de su trayectoria criminal? ¿Alguien cree que ha mostrado un arrepentimiento sincero? ¿Alguien cree que ha colaborado con la Justicia para esclarecer los 379 atentados sin resolver? ¿De verdad cree la consejera que quien fue durante seis años jefe militar de ETA no tiene información suficiente para esclarecer muchos de esos atentados? ¿El «escrupuloso cumplimiento de la ley» no incluye a las víctimas de esos 379 atentados sin resolver? ¿Es que estas víctimas no merecen justicia?

A las víctimas no se nos permite recurrir los beneficios penitenciarios. Por eso, es ahora el turno de los jueces, en particular del juez de Vigilancia Penitenciaria, para velar por nuestro derecho a la Justicia. Son ellos quienes pueden denegar los beneficios penitenciarios que se están concediendo por la vía rápida.

Sólo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en la voluntad de reinserción de los terroristas.

Ante eso, sólo nos queda confiar en la justicia. Yo confío.

Nota: Un año más tarde, el 14 de junio de 2003, ETA colocó 30 kilos de explosivos en un coche aparcado en la puerta de mi trabajo en Antena 3 en Bilbao. Falló el detonador y, una vez más, la Ertzaintza lo desactivó. El 5 de septiembre de ese mismo año volví a aparecer de nuevo en las listas de los asesinos. Y el 31 de diciembre de 2008, esta vez sí, ETA consiguió pulverizar el edificio Bami, en el que, entre otros medios, estaba la sede de Antena 3. Una furgoneta con 100 kilos de explosivos arrasó mi despacho.