La ley en España dice que el repartidor tendría que haberle dado el alto verbalmente, pero sin llegar a causar frustración o trauma al ladrón, recopilar las pruebas necesarias y presentar la pertinente denuncia para que, dentro de seis años, el juez ordenase la archivación del caso.

Si esto hace el Estado a uno que defiende su empleo, qué no hará si reclamamos a banqueros y políticos los setenta mil millones de euros que nos robaron.