La investigación penal sobre un supuesto fraude en el denominado Plan Linares Futuro coge vuelo y apunta por primera vez a la antigua cúpula del Gobierno andaluz del PSOE bajo la Presidencia de José Antonio Griñán. Se trata de unas diligencias previas surgidas ... de la macrocausa de corrupción que gira en torno a la millonaria inyección de dinero público que recibió la factoría automovilística de Santana Motor en Linares (Jaén) por parte de la Junta de Andalucía, que a través de la Agencia IDEA era propietaria de la fábrica que terminó cerrando en febrero de 2011.
Esta pieza concreta del puzle judicial indaga la presunta ilicitud de los fondos públicos transferidos desde la citada agencia pública a Santana Motor SA para «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores de la fábrica «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los mismos, según especifica el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en un auto dictado el 15 de diciembre de 2025 al que ha accedido ABC.
El juez ha solicitado al interventor general de la Junta de Andalucía que, «a la mayor brevedad posible», le envíe «toda la información y documentación de que disponga [...] relativa a los acuerdos del Consejo de Gobierno (el máximo órgano ejecutivo) sobre la ratificación de los acuerdos relativos al 'Plan Linares Futuro' adoptados» en cinco reuniones del consejo rector de la Agencia IDEA celebradas entre el 14 de junio de 2011 y el 3 de febrero de 2012. Y todo quiere decir todo lo que se guarde en los archivos: «peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandos, actas de reuniones, propuestas, correos electrónicos, pósits, notas, etc.», especifica el juez. Las ayudas superiores a los 1,2 millones de euros necesitan la ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta.
A la espera de lo que pueda dar de sí esta incipiente investigación, abierta el 5 de marzo de 2025, el juez pone cifra al supuesto fraude cometido en el Plan Linares Futuro «para hacer llegar irregularmente los fondos a los extrabajadores» de Santana Motor y de su firma auxiliar, Matresur. Está bajo sospecha el amplio programa de ayudas pactado por el Ejecutivo socialista con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras el 14 de febrero de 2011 para intentar dar una alternativa laboral a los trabajadores afectados por la clausura de la planta donde se fabricaban los populares Land Rover que se vendían en varios países.
Al amparo de este dispositivo, el Gobierno andaluz pagaba una prestación económica mensual a 727 antiguos miembros de la plantilla de la fábrica, a los que prometió recolocar en cinco grandes empresas tecnológicas que, debido a la crisis, nunca se establecieron en la deprimida ciudad linense.
El quebranto económico, a priori, alcanza los 2.776.265 euros, de los que 919.032,35 euros son los fondos públicos anticipados a 750 extrabajadores «en concepto de ayudas que no les han sido concedidas» y que la agencia IDEA no reclamó. A esta cuantía hay que sumar el importe de 1.497.343,36 euros correspondiente a un préstamo sin garantías de devolución concedido por la Junta a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, el colectivo creado a su vez para canalizar los 100 millones en ayudas sociolaborales repartidos entre los exempleados de Santana que fueron endosadas a la partida irregular del caso ERE. A esta cuantía se añaden 359.889,34 euros que no se reclamaron a extrabajadores de Matresur. En total, este préstamo público arroja otro agujero de 1.857.232,70 euros «que no se habrían recuperado».
En su resolución, donde la Agencia IDEA está personada como acusación particular, el instructor del caso cita en el juzgado a los tres primeros investigados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en esta pieza impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado ha llamado a declarar el próximo 17 de febrero a Bienvenido Martínez Martínez, director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA desde junio de 2008 a octubre de 2008 y presidente de Santana Motor SA desde julio de 2009 hasta su disolución en julio de 2011, que es cuñado de la que fuera directora general de la Guardia Civil entre 2020 y 2023, María Gámez.
Los otros dos investigados son Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la asociación constituida para cobrar las subvenciones del caso ERE. Las firmas de los tres imputados aparecen en el contrato del préstamo firmado el 15 de abril de 2011 por el que «se formalizarían las entregas de fondos realizadas desde mayo de 2009 hasta marzo de 2011 a los asociados» del Parque Empresarial Santana Motor.
El Plan Linares Futuro comprometía a las Consejerías de Empleo y de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta a asumir «una serie de compromisos» con trabajadores de determinadas empresas, entre ellas, el Grupo Santana Motor. Estas promesas se plasmaron, primero, en una orden del 1 de abril de 2011 que regulaba unas subvenciones regladas de concurrencia no competitiva y, a partir del 16 de octubre de 2012, a través de ayudas sociolaborales no sometidas a la normativa de subvenciones canalizadas a través de un decreto ley.
Saltándose el cauce legal, el consejo rector de la Agencia IDEA «acuerda hacer frente a dichos compromisos sin que conste documento administrativo alguno por el que los mismos deban ser afrontados o asumidos» por este organismo de la Junta de Andalucía, señala el instructor.
En su auto, el magistrado pone de manifiesto la arbitrariedad en el reparto de estos fondos. «Los trabajadores habrían recibido anticipos antes de ser beneficiarios de las correspondientes subvenciones o ayudas, incluso antes de haber obtenido la declaración que les habilita a solicitarlas y sin sujetarse» a las normas que regulan los pagos.
El dinero público se distribuyó «sin control alguno por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía», explica. Reinó el mismo caos que en la Consejería de Empleo cuando repartía las ayudas a empresas en el caso de los ERE por el que terminaron siendo condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Además, la Junta utilizó un modus operandi parecido al citado fraude. IDEA usó la herramienta de las transferencias de financiación para mover fondos (cientos de millones) hasta Santana Motor, «ya sea para operaciones propias de su liquidación o para realizar los anticipos del Plan Linares Futuro. Se hizo, pues, «un mal uso» de este mecanismo presupuestario, que no está concebido para pagar subvenciones ni anticipos, advierte el juez.
La Consejería de Empleo solo descontó del importe de las ayudas concedidas 661.877 euros que figuran como importe cobrado por Santana a este departamento de la Junta. Los 919.032 euros restantes no fueron detraídos a los trabajadores cuando empezaron a cobrarlas y tampoco se reclamó su devolución.
En su auto del pasado diciembre, el juez Vilaplana también dirige un oficio al director de la Agencia IDEA para que, «a la mayor brevedad posible» facilite al juzgado toda la información sobre el citado préstamo de casi 1,5 millones concedido a la asociación de extrabajadores de Santana Motor y le requiere un informe sobre las necesidades de financiación de las empresas vinculadas al grupo automovilístico. Por último, acuerda prorrogar seis meses más el plazo de esta investigación compleja.
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Esta pieza concreta del puzle judicial indaga la presunta ilicitud de los fondos públicos transferidos desde la citada agencia pública a Santana Motor SA para «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores de la fábrica «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los mismos, según especifica el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en un auto dictado el 15 de diciembre de 2025 al que ha accedido ABC.
El juez ha solicitado al interventor general de la Junta de Andalucía que, «a la mayor brevedad posible», le envíe «toda la información y documentación de que disponga [...] relativa a los acuerdos del Consejo de Gobierno (el máximo órgano ejecutivo) sobre la ratificación de los acuerdos relativos al 'Plan Linares Futuro' adoptados» en cinco reuniones del consejo rector de la Agencia IDEA celebradas entre el 14 de junio de 2011 y el 3 de febrero de 2012. Y todo quiere decir todo lo que se guarde en los archivos: «peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandos, actas de reuniones, propuestas, correos electrónicos, pósits, notas, etc.», especifica el juez. Las ayudas superiores a los 1,2 millones de euros necesitan la ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta.
A la espera de lo que pueda dar de sí esta incipiente investigación, abierta el 5 de marzo de 2025, el juez pone cifra al supuesto fraude cometido en el Plan Linares Futuro «para hacer llegar irregularmente los fondos a los extrabajadores» de Santana Motor y de su firma auxiliar, Matresur. Está bajo sospecha el amplio programa de ayudas pactado por el Ejecutivo socialista con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras el 14 de febrero de 2011 para intentar dar una alternativa laboral a los trabajadores afectados por la clausura de la planta donde se fabricaban los populares Land Rover que se vendían en varios países.
Al amparo de este dispositivo, el Gobierno andaluz pagaba una prestación económica mensual a 727 antiguos miembros de la plantilla de la fábrica, a los que prometió recolocar en cinco grandes empresas tecnológicas que, debido a la crisis, nunca se establecieron en la deprimida ciudad linense.
El quebranto económico, a priori, alcanza los 2.776.265 euros, de los que 919.032,35 euros son los fondos públicos anticipados a 750 extrabajadores «en concepto de ayudas que no les han sido concedidas» y que la agencia IDEA no reclamó. A esta cuantía hay que sumar el importe de 1.497.343,36 euros correspondiente a un préstamo sin garantías de devolución concedido por la Junta a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, el colectivo creado a su vez para canalizar los 100 millones en ayudas sociolaborales repartidos entre los exempleados de Santana que fueron endosadas a la partida irregular del caso ERE. A esta cuantía se añaden 359.889,34 euros que no se reclamaron a extrabajadores de Matresur. En total, este préstamo público arroja otro agujero de 1.857.232,70 euros «que no se habrían recuperado».
En su resolución, donde la Agencia IDEA está personada como acusación particular, el instructor del caso cita en el juzgado a los tres primeros investigados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en esta pieza impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado ha llamado a declarar el próximo 17 de febrero a Bienvenido Martínez Martínez, director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA desde junio de 2008 a octubre de 2008 y presidente de Santana Motor SA desde julio de 2009 hasta su disolución en julio de 2011, que es cuñado de la que fuera directora general de la Guardia Civil entre 2020 y 2023, María Gámez.
Los otros dos investigados son Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la asociación constituida para cobrar las subvenciones del caso ERE. Las firmas de los tres imputados aparecen en el contrato del préstamo firmado el 15 de abril de 2011 por el que «se formalizarían las entregas de fondos realizadas desde mayo de 2009 hasta marzo de 2011 a los asociados» del Parque Empresarial Santana Motor.
El Plan Linares Futuro comprometía a las Consejerías de Empleo y de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta a asumir «una serie de compromisos» con trabajadores de determinadas empresas, entre ellas, el Grupo Santana Motor. Estas promesas se plasmaron, primero, en una orden del 1 de abril de 2011 que regulaba unas subvenciones regladas de concurrencia no competitiva y, a partir del 16 de octubre de 2012, a través de ayudas sociolaborales no sometidas a la normativa de subvenciones canalizadas a través de un decreto ley.
Saltándose el cauce legal, el consejo rector de la Agencia IDEA «acuerda hacer frente a dichos compromisos sin que conste documento administrativo alguno por el que los mismos deban ser afrontados o asumidos» por este organismo de la Junta de Andalucía, señala el instructor.
En su auto, el magistrado pone de manifiesto la arbitrariedad en el reparto de estos fondos. «Los trabajadores habrían recibido anticipos antes de ser beneficiarios de las correspondientes subvenciones o ayudas, incluso antes de haber obtenido la declaración que les habilita a solicitarlas y sin sujetarse» a las normas que regulan los pagos.
El dinero público se distribuyó «sin control alguno por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía», explica. Reinó el mismo caos que en la Consejería de Empleo cuando repartía las ayudas a empresas en el caso de los ERE por el que terminaron siendo condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Además, la Junta utilizó un modus operandi parecido al citado fraude. IDEA usó la herramienta de las transferencias de financiación para mover fondos (cientos de millones) hasta Santana Motor, «ya sea para operaciones propias de su liquidación o para realizar los anticipos del Plan Linares Futuro. Se hizo, pues, «un mal uso» de este mecanismo presupuestario, que no está concebido para pagar subvenciones ni anticipos, advierte el juez.
La Consejería de Empleo solo descontó del importe de las ayudas concedidas 661.877 euros que figuran como importe cobrado por Santana a este departamento de la Junta. Los 919.032 euros restantes no fueron detraídos a los trabajadores cuando empezaron a cobrarlas y tampoco se reclamó su devolución.
En su auto del pasado diciembre, el juez Vilaplana también dirige un oficio al director de la Agencia IDEA para que, «a la mayor brevedad posible» facilite al juzgado toda la información sobre el citado préstamo de casi 1,5 millones concedido a la asociación de extrabajadores de Santana Motor y le requiere un informe sobre las necesidades de financiación de las empresas vinculadas al grupo automovilístico. Por último, acuerda prorrogar seis meses más el plazo de esta investigación compleja.