La anterior juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, se habría pasado cuatro meses en el plazo legal establecido para acordar la ampliación del periodo de la investigación y eso da al traste con toda una causa de corrupción.

Y es por esto que a ningún gobierno le interesa modernizar y agilizar la justicia. Les viene muy bien que sus casos de corrupción se entierren entre montañas de casos mundanos.