El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan Ignacio Campos, firmarán el decreto que, presumiblemente, pondrá fin a las diligencias de investigación relativas al rey emérito Juan Carlos I y que supondrá el cierre de las pesquisas.
Las dudas que genera la decisión tomada por el gobierno austriaco, que ha anunciado el confinamiento selectivo de la población no vacunada, que no haya pasado el COVID-19, llegan a España. ¿Sería posible implantar aquí esta medida? La respuesta parece clara: no, pues se vulnerarían derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución.
El Ayuntamiento de León presenta la obra de Amancio que se instalará en la rotonda del Hospital de León. La instalación, que lleva por título San Jorge y el Dragón, sólo que cambia al animal mitológico por representaciones del coronavirus, es fruto de un convenio de colaboración del Ayuntamiento leonés, que aporta 20.000 euros, y del Colegio Oficial de Médicos de León. Además, el Consistorio ha asumido la obra civil.
El Gobierno Gallego lanza un mensaje mixto sobre los aerogeneradores marinos. La Xunta se muestra a favor del nuevo sector, pero rechaza por ahora estos dos parques alegando un defecto formal. De fondo, el problema de competencias sobre quién debe autorizar qué.
El informe defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización de la Administración. Una desconcentración “bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”, resalta el informe.
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ve intolerable que la Delegación Provincial de Educación de Badajoz haya dado autorización al Ayuntamiento de Villar del Rey para ocupar 100 m2 del actual patio de recreo del CEIP María Auxiliadora para la construcción municipal de una sala de musculación.
Una docena de acusados han presentado un escrito de conformidad en el que reconocen los hechos que les señalan a ellos y a la formación que preside Pablo Casado con el fin de obtener una rebaja en las penas que solicita la Fiscalía. Esta vez, los hechos juzgados se sitúan en un bastión del PP en la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. El PP se sentará en el banquillo de los acusados por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.
