La realidad supera a la ficción y si no basta con echar un vistazo a la televisión para ver la infinidad de casos surrealistas que se suceden en nuestra sociedad. Así, 'En boca de todos' (Cuatro) ha sacado a la luz un estremecedor caso de okupación que tiene a sus víctimas, los propietarios de la vivienda, completamente asustados, ya que los okupas no es que sean violentos o agresivos, sino que son unas brujas.
Hacienda obligará a los propietarios de pisos okupados a tributar por los alquileres no pagados en su declaración de la Renta. Miles de pequeños propietarios además de hacer frente a impagos y ocupaciones, deben tributar por rentas que en muchos casos ni siquiera han llegado a percibir.
Un aviso pegado con cinta adhesiva a una puerta decía que el grupo tenía derecho a ocupar el lugar, que, según dijeron, no era un “edificio residencial” y, por lo tanto, no estaba sujeto a la legislación de 2012 en Inglaterra y Gales que tipificaba como delito la okupación en un edificio residencial. El papel, firmado por “los ocupantes”, también decía: “Tomen nota que ocupamos esta propiedad y en todo momento hay al menos una persona ocupando “Que si quieren sacarnos tendrán que interponer una demanda de posesión en el tribunal del condado...
La presidenta de Madrid da voz a los afectados, pero solo 18 se acogieron a la bonificación del agua en 2024, y apenas 228 han obtenido desde 2021 la del alquiler. Ese día posa en la sede de la Presidencia con la camiseta de una plataforma de afectados. “No somos un bulo”, se lee.
El PSOE critica que durante el primer año de aplicación de la ley el Consell no cuente con las cámaras para su control. El Consell d’Eivissa se ha reunido este lunes con los propietarios y directores de los cinco ‘campings’ reglados en funcionamiento en la isla, ante quienes defendió el turismo de caravanas siempre que se pernocte en este tipo de establecimientos «con todos los servicios y garantí
En el último año completo, 2024, la actual Consellería de Vivenda cifró en 109 las consultas totales recibidas en virtud del convenio, financiado con 54.600 euros para atender por teléfono o a través de internet. Sólo tres de ellas tenían que ver con ocupaciones ilegales, una cuestión que tanto la Xunta como el PP mantienen en el primer plano de la política pese a su escasez, acreditada reiteradamente por los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.
En junio de 2023, la Junta de Castilla y León puso en funcionamiento sus oficinas antiocupación. En sus primeros ocho meses de vida recibieron 147 consultas, lo que suponía una media de 24 al mes, menos de una al día. Los datos, un año y medio después, son más bajos: de enero de 2024 a finales de enero de 2025, han recibido cien consultas, menos de una cada tres días. El total de atenciones realizadas es de 247.
