La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.
La Audiencia Provincial de Pontevedra lo considera autor de delitos de maltrato físico y psíquico, coacciones graves, de lesiones con deformidad, de agresión sexual, entre otros. Durante tres años, de manera habitual, "llevó a cabo un comportamiento violento y agresivo".
Irídia anuncia que recurrirá el archivo ante la Audiencia de Barcelona. Carpetazo a la querella por abusos y torturas contra un policía infiltrado en movimientos antisistema de Barcelona. Una decisión del Juzgado de Instrucción 21 de la ciudad, que desestima la queja que ocho mujeres interpusieron contra el agente, al considerar que había perpetrado ocho delitos de agresión sexual, al mantener relaciones sexo-afectivas con ellas, con la intención de obtener información.
El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una conductora condenada por ir borracha al volante de su coche por las calles de Madrid. Por unanimidad, la sala entiende que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales cuando trasladaron a la mujer a una comisaría para que se le hiciera la prueba de alcoholemia, al no tener medios para hacerlo en el lugar donde fue identificada, sin que tuvieran ninguna cobertura legal para su detención.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado improcedente el despido de una empleada de una cafetería de la estación de Sants, en Barcelona, por haber orinado sobre utensilios de cocina que después usaba para servir a clientes. La resolución obliga a la empresa a readmitirla y a pagar una indemnización de 25.000 euros
La decisión sitúa a la dirigente de Compromís al borde del juicio oral, pese a que el juez instructor y el fiscal descartaron la existencia de indicios de delito contra los procesados
La fiscal del caso Montoro pidió al juez instructor que requiriese a la UCO "para que, con CARÁCTER URGENTE", procediese "a iniciar el análisis de cuentas bancarias interesado en la causa" y emitiese "un informe de avance". Las mayúsculas figuran en el escrito firmado por Carmen García Cerdá en junio de 2024. La fiscal denota un evidente malestar con la UCO, la unidad de la Guardia Civil encargada de investigar temas de corrupción. En el documento, de dos folios y al que ha tenido acceso Público, recuerda además que "han transcurrido casi se...
Estima que el automatismo que impone podría vulnerar media docena de artículos, entre ellos los de la presunción de inocencia y la igualdad entre los españoles. Conforme a los datos ofrecidos recientemente por el Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, la reforma provocó que en el último trimestre del año pasado las retiradas del régimen de visitas cuadruplicaran a las del mismo periodo del año anterior.
Así, tras el estudio caso a caso por parte de los jueces, conocidos 'personajes' de macrocausas de corrupción como 'Gürtel', 'Púnica', 'Lezo', 'Nóos', los 'Ere de Andalucía' o el famoso 'caso Villarejo', incluso del 'procés' independentista de Cataluña, podrían ver reducidos tanto sus castigos a prisión. La posibilidad de reformar las penas contempladas ha levantado polémica, ya que los jueces deberían revisar muchas de las condenas impuestas en macrocausas de corrupción, donde este delito es habitual.
Tras su condena a indemnizar con 30.000 euros al secretario general de FACUA, montó una disparatada historia en la que inventó que la jueza lo había condenado sin pruebas y sin juicio siguiendo las órdenes de un ministro a petición de Rubén Sánchez.
La familia de la mujer lucha por desvelar qué pasó en el barco hace dos meses cuando navegaba por Gandía. En el barco se dieron cuenta de que la mujer había desaparecido en plena travesía se ha situado a las ocho de la mañana del día siguiente, domingo 10 de septiembre. No saben a quiénes se ha tomado declaración ni qué han dicho, qué escribió Carmen exactamente en la libreta que usaba a modo de diario y en la que la Guardia Civil se basa para sospechar que la mujer se suicidó tirándose por la borda o si tuvo Carmen algún incidente cuando
Sumar les acusa de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.
La joven declara ante el juez el mismo día que el Supremo confirma la condena de cinco años para el exmarido de Oltra por abusar sexualmente de ella cuando era menor y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana.
