Tras años de tipos de interés negativos en la Unión Europea, los bancos ya tenían poco margen para pagar intereses a sus depositantes. El hecho de que durante la pandemia muchos de sus clientes hayan incrementado sus ahorros al no poder salir de sus casas y gastar menos les ha apretado aún más las tuercas. Si se tiene en cuenta, además, la particular capacidad ahorradora de los alemanes, el resultado de la ecuación es claro: los bancos del país han empezado no solo a no pagar intereses a sus depositantes, sino a cobrarles por guardar su dinero.
La deriva empresarial de Euskaltel está marcada por la política de privatización de servicios y entidades llevada a cabo por el Gobierno de Lakua especialmente a partir del estallido de la crisis global de 2008. Una política de profundas raíces neoliberales.
El supervisor actualiza el balance de la crisis financiera a 31 de diciembre y señala que de momento se han recuperado 4.477 millones. El Banco de España considera pérdidos unos 42.017 millones de euros de los 54.353 millones de dinero público destinado a rescatar 14 entidades financieras españolas desde 2009, según el último balance sobre las ayudas públicas para rescatar al sector financiero publicado este viernes. El supervisor también tiene en cuenta las garantías concedidas a las cajas de ahorro en la integración y venta de entidades.
El Gobierno en coalición de PSOE y Unidas Podemos tiene por delante el reto de aplicar verdaderas políticas sociales de vivienda y la SAREB puede ser una buena herramienta para lograrlo. Pero el Banco Malo esconde dificultades y sorpresas que pueden estallar en cualquier momento.
"Es una buena ocasión" para los oportunistas, dice un banquero de inversión en España; entre los que ya han aprovechado los bajos precios está el fondo soberano de Arabia Saudí, que según Financial Times ha comprado un paquete en Repsol.
El 39% de los fondos se destinará a la transición ecológica, el 29% a la transformación digital, el 10% a educación y formación y el 7% a investigación y desarrollo. La mayor inversión, hasta 13.200 millones, irá a parar a la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada para electrificar las vías públicas y transicionar hacia el vehículo eléctrico.
