La investigación surgió tras una denuncia de la Intervención General de la Junta, que en paralelo ha detectado irregularidades contables en el Parque de las Ciencias de Granada. Aunque la Fiscalía no vio delito en la gestión de este museo público, el Gobierno andaluz sí asumió un daño al erario y ahora reclama 120.000 euros a tres exresponsables del museo granadino. En paralelo, la Intervención también ha alertado a la Oficina Andaluza Antifraude tras detectar daños económicos en los controles económico-financieros que peinan las cuentas de estos organismos: la agencia agraria y pesquera Agapa, el Consorcio Fernando de los Ríos y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).