Miles de personas han recorrido este sábado las calles del centro de Valencia para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la catastrófica dana que hace un año, el 29 de octubre de 2024, dejó 229 muertos y decenas de municipios arrasados ... por el agua y el lodo.
La duodécima protesta convocada desde la barrancada, a pocos días del primer aniversario de la tragedia, ha congregado a aproximadamente 50.000 personas, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Fuentes de la Policía local de Valencia cifran los asistentes en 32.000 y la Generalitat valenciana no ofrece datos.
La de ayer supone una cifra superior a las marchas convocadas con el mismo lema –'Mazón dimisión'- en lo que llevamos de año por medio centenar de colectivos y sindicatos en la órbita de la izquierda, con Acció Cultural del País Valencià en cabeza. También con el respaldo de las asociaciones de víctimas mayoritarias. El número de participantes es sólo inferior al de las manifestaciones del 9 de noviembre, el 30 de noviembre y el 29 de diciembre de 2024 -con la tragedia muy reciente- lograron reunir a 130.000, 100.000 y 80.000 manifestantes, respectivamente. Las siguientes tuvieron distintos recorridos y ubicaciones.
Aunque oficialmente no había sido convocada por ningún partido político, entre las 200 organizaciones que se han adherido a ese texto sí figuran formaciones como Compromís o Podemos. Además, el PSPV-PSOE remitió mensajes a sus militantes para que se movilizaran.
La pancarta principal la portaban una docena de afectados y familiares de víctimas de la tragedia. Entre ellas estaba Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en Benetússer. «Toda Europa y toda España sabe que es inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando más del 80% de su pueblo no lo quiere», ha aseverado. Junto a ella estaba Amparo, trabajadora del teléfono 112 Comunidad Valenciana. «El día 29 estuvimos todos los que podíamos intentando ayudar a la gente que nos llamaba desesperada. Nosotros estamos y estaremos ahí siempre, los políticos van y vienen», ha señalado.
En la protesta también han participado una treintena de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia. «Estaremos al lado de las víctimas todo el tiempo que haga falta, sin escatimar tiempo ni medios», ha aseverado Jesús, uno de estos efectivos.
En las pancartas o camisetas -algunas con fotografías de los fallecidos- podían leerse frases como «Estamos aquí por vosotros, justicia»; «No más mentiras»; «No tenéis corazón ni palabra; «Mazón comiendo, el pueblo muriendo» o «Estoy aquí por los que no pueden venir». Una vez más, el canto más coreado ha sido «El president, a Picassent», en referencia al centro penitenciario valenciano.
La portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha indicado que «la reivindicación también es memoria para las víctimas». «Nosotros lo que queremos es verdad, saber lo que pasó aquel día para que no vuelva a pasar y que no vuelva a morir gente porque falta una alarma», así como «porque los responsables no están donde tienen que estar y a lo que tienen que estar». «Pedimos justicia, y la justicia tiene que ser en los tribunales, aunque también social y política, y sobre todo, memoria para las víctimas», ha reclamado.
«Esta persona no se va a ir, con lo cual hay que echarla como sea, como sea» por «su negligencia y por no estar en su sitio» el dia de la dana, ha sostenido, por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29O, sobre Mazón. «Es brutal que un año después estemos en el mismo punto que hace un año», ha lamentado.
La movilización, encabezada por tractores en homenaje a los agricultores que ayudaron durante la catástrofe y una muixeranga, ha partido de la plaza del San Agustín pasadas las seis de la tarde y ha terminado sin incidentes más de dos horas después en la de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, blindado por la Policía Nacional. Allí se ha leído el manifiesto, que ha empezado con un recuerdo a las dos víctimas que siguen sin aparecer -Francisco Ruiz y Elisabeth Gil– tras hallarse el cuerpo de José Javier Vicent ese misma semana.
Critican que hayan conocido lo que ocurrió a golpe de auto judicial y por la prensa, así como que el Gobierno autonómico esté en una «descarada huida hacia adelante» mientras se deja «por el camino cualquier rastro de solidaridad, empatía, compasión y atención a las víctimas y personas afectadas». Entre las exigencias recogidas en el manifiesto se reclama «más transparencia» de las instituciones para conocer cómo emplean el dinero de la reconstrucción, que los vecinos de los pueblos afectados participen en las decisiones sobre la misma, así como que «se investigue la negligencia de todas las empresas que pusieron en peligro la vida de sus trabajadores» aquella jornada y que se prohíba construir en zonas inundables. También han pedido ue se reconstruyan los ocho centros educativos públicos que quedan por rehabilitar y tienen a sus alumnos en barracones. Del mismo modo, han incidido en que «se ofrezca alternativa habitacional a las personas afectadas que lo han perdido todo» y que «se garantice que todas las personas de rentas bajas y aquellas que no tengan una situación administrativa regularizada tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción».
0k 18
Hemos deshabilitado la autenticación con Facebook. Si entras a Mediatize con una cuenta de Facebook, lee esto.
La duodécima protesta convocada desde la barrancada, a pocos días del primer aniversario de la tragedia, ha congregado a aproximadamente 50.000 personas, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Fuentes de la Policía local de Valencia cifran los asistentes en 32.000 y la Generalitat valenciana no ofrece datos.
La de ayer supone una cifra superior a las marchas convocadas con el mismo lema –'Mazón dimisión'- en lo que llevamos de año por medio centenar de colectivos y sindicatos en la órbita de la izquierda, con Acció Cultural del País Valencià en cabeza. También con el respaldo de las asociaciones de víctimas mayoritarias. El número de participantes es sólo inferior al de las manifestaciones del 9 de noviembre, el 30 de noviembre y el 29 de diciembre de 2024 -con la tragedia muy reciente- lograron reunir a 130.000, 100.000 y 80.000 manifestantes, respectivamente. Las siguientes tuvieron distintos recorridos y ubicaciones.
Aunque oficialmente no había sido convocada por ningún partido político, entre las 200 organizaciones que se han adherido a ese texto sí figuran formaciones como Compromís o Podemos. Además, el PSPV-PSOE remitió mensajes a sus militantes para que se movilizaran.
La pancarta principal la portaban una docena de afectados y familiares de víctimas de la tragedia. Entre ellas estaba Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en Benetússer. «Toda Europa y toda España sabe que es inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando más del 80% de su pueblo no lo quiere», ha aseverado. Junto a ella estaba Amparo, trabajadora del teléfono 112 Comunidad Valenciana. «El día 29 estuvimos todos los que podíamos intentando ayudar a la gente que nos llamaba desesperada. Nosotros estamos y estaremos ahí siempre, los políticos van y vienen», ha señalado.
En la protesta también han participado una treintena de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia. «Estaremos al lado de las víctimas todo el tiempo que haga falta, sin escatimar tiempo ni medios», ha aseverado Jesús, uno de estos efectivos.
En las pancartas o camisetas -algunas con fotografías de los fallecidos- podían leerse frases como «Estamos aquí por vosotros, justicia»; «No más mentiras»; «No tenéis corazón ni palabra; «Mazón comiendo, el pueblo muriendo» o «Estoy aquí por los que no pueden venir». Una vez más, el canto más coreado ha sido «El president, a Picassent», en referencia al centro penitenciario valenciano.
La portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha indicado que «la reivindicación también es memoria para las víctimas». «Nosotros lo que queremos es verdad, saber lo que pasó aquel día para que no vuelva a pasar y que no vuelva a morir gente porque falta una alarma», así como «porque los responsables no están donde tienen que estar y a lo que tienen que estar». «Pedimos justicia, y la justicia tiene que ser en los tribunales, aunque también social y política, y sobre todo, memoria para las víctimas», ha reclamado.
«Esta persona no se va a ir, con lo cual hay que echarla como sea, como sea» por «su negligencia y por no estar en su sitio» el dia de la dana, ha sostenido, por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29O, sobre Mazón. «Es brutal que un año después estemos en el mismo punto que hace un año», ha lamentado.
La movilización, encabezada por tractores en homenaje a los agricultores que ayudaron durante la catástrofe y una muixeranga, ha partido de la plaza del San Agustín pasadas las seis de la tarde y ha terminado sin incidentes más de dos horas después en la de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, blindado por la Policía Nacional. Allí se ha leído el manifiesto, que ha empezado con un recuerdo a las dos víctimas que siguen sin aparecer -Francisco Ruiz y Elisabeth Gil– tras hallarse el cuerpo de José Javier Vicent ese misma semana.
Critican que hayan conocido lo que ocurrió a golpe de auto judicial y por la prensa, así como que el Gobierno autonómico esté en una «descarada huida hacia adelante» mientras se deja «por el camino cualquier rastro de solidaridad, empatía, compasión y atención a las víctimas y personas afectadas». Entre las exigencias recogidas en el manifiesto se reclama «más transparencia» de las instituciones para conocer cómo emplean el dinero de la reconstrucción, que los vecinos de los pueblos afectados participen en las decisiones sobre la misma, así como que «se investigue la negligencia de todas las empresas que pusieron en peligro la vida de sus trabajadores» aquella jornada y que se prohíba construir en zonas inundables. También han pedido ue se reconstruyan los ocho centros educativos públicos que quedan por rehabilitar y tienen a sus alumnos en barracones. Del mismo modo, han incidido en que «se ofrezca alternativa habitacional a las personas afectadas que lo han perdido todo» y que «se garantice que todas las personas de rentas bajas y aquellas que no tengan una situación administrativa regularizada tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción».