Los datos que revela el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este mismo viernes son demoledores y ayudan a entender una cuestión, la de la vivienda, que se ha convertido en todo un problema para un grupo relevante de personas en nuestro país. Según la búsqueda del INE, el 9,3% de los pisos en Barcelona -un total de 75.000- están vacíos, y en un 9% sólo vive gente tres meses al año. Por tanto, en casi 150.000 pisos no vive ningún núcleo familiar habitualmente.
El Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han unido fuerzas para lanzar una página web con el objetivo de tratar de recuperar el dinero que las inmobiliarias estafan al inquilinato, haciéndole pagar honorarios ilegales en los contratos de alquiler. La web se llama estafainmobiliarias.org.
El camino para que Cataluña tenga topes al precio del alquiler ha comenzado. El gobierno catalán ha iniciado este jueves los trámites para terminarlo, dice, lo antes posible y ha anunciado en el DOGC, el Diari Oficial de la Generalitat, los 140 municipios donde quiere y puede limitar el alquiler. Barcelona es uno de ellos, y gran parte del resto están en el área metropolitana. En total, concentran el 80% de la población: 6,2 millones de personas.
Como Victoria, más de 11.000 jóvenes se encuentran a la espera de recibir la ayuda del alquiler del bono joven. Ella y su novio dejaron Huelva para incorporarse en un trabajo en Madrid. Pensaron que con esta prestación su situación podía mejorar pero el dinero no termina de llegar.
Un grupo selecto de 303 empresas privadas acumula 49.954 pisos alquilados en Cataluña. Son los grandísimos tenedores, aquellas sociedades con más de 50 viviendas cada una. Dentro de estas empresas, la distribución también es desigual: sólo 30 controlan más de la mitad, 25.601 viviendas. Los grupos empresariales con más pisos son CaixaBank, Cerberus, Blackstone y Cevasa. Todo ello son datos obtenidos gracias a una petición de derecho de acceso a la información pública que ha hecho Civio en el Instituto Catalán del Suelo.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el centro de operaciones de los grandes fondos de inversión en el mercado del alquiler con un resultado poco balanceado: son los que acumulan más beneficios, denuncias de aumento de precio, más casos de mobbing inmobiliario y desahucios, y son, de lejos, los caseros que menos dinero dejan en las arcas del Estado.
El lanzamiento ya se suspendió hace seis meses por un informe de extrema vulnerabilidad de los Servicios Sociales, aunque esta vez no se ha cancelado. Ante la “dejadez institucional” de este bloque de pisos -los extintores llevan sin revisarse desde 2014, hay humedades, falta luz y las cocheras están en mal estado, por ejemplo-, los pocos vecinos que aún quedan decidieron dejar de pagar la comunidad. Este “abandono” llevó a los padres a solicitar a AVRA un cambio de domicilio.
El administrador de Vauras argumenta que el recordatorio del consistorio de que tenían que cumplir la ley de Vivienda supone una extorsión a su negocio. Este jueves, sin embargo, el administrador del fondo ha sido incapaz de detallar a la jueza ninguna coacción. No solo por parte de Colau (que ni siquiera participó en las reuniones) sino de los investigados que sí asistieron a los encuentros, los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria del área Vivienda.
“La propiedad ha pedido la paralización a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo”, cuentan desde Sindicato de Inquilinos. El caso de John tenía ciertas particularidades: el hombre tiene problemas cardíacos y los dueños del inmueble no le han ofrecido ningún nuevo contrato cuando caducó el anterior, a pesar de que siempre pagó las mensualidades.
La Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado 25 de mayo, obliga a los propietarios que alquilan su vivienda a pagar los gastos de gestión: los honorarios que cobran las inmobiliarias por su labor de intermediación. Tradicionalmente, en los mercados más tensionados las agencias han repercutido estos gastos al inquilino, que en muchos casos asume grandes desembolsos —de hasta cinco mensualidades— para entrar en el piso que desea.
Esta semana comienzan los juicios a través de los cuales Blackstone pretende desahuciar a 40 hogares de toda la Comunidad de Madrid. Hace más de un año que estas 40 familias recibían un burofax en el que el fondo buitre, el mayor casero de España y el mundo, les imponía subidas abusivas de hasta el 100% respecto a su alquiler anterior. Les daban dos opciones: o aceptaban la subida o se tenían que marchar de la vivienda al no renovarse su contrato de alquiler.
En el operativo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sociales y Protección Civil, entre otros, según han informado a Europa Press fuentes policiales. Las familias residían de manera ilegal en las viviendas desde 2009, cuando quebró la empresa promotora de estos edificios.
Según recogen los datos cruzados de Fotocasa e InfoJobs, en diez años el salario medio en la Comunidad de Madrid aumentó un 3,3%, muy por debajo del precio del alquiler que creció en casi un 70%. "Mientras el coste del alquiler crece, los salarios no lo hacen al mismo ritmo, lo que obliga a los ciudadanos a realizar un 43% de esfuerzo salarial para pagar su alquiler. Una situación que complica, cada vez más, el acceso a la vivienda ", ha explicado este martes la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos..
Ni compran ni alquilan. En poco tiempo, se ha desplomado el número de jóvenes que buscan vivienda. Mientras, los precios siguen subiendo pese a la bajada de la demanda, porque el inversor sigue muy activo y el parque de vivienda no aumenta.
José Manuel y Lorena tienen inquilinos morosos en sus pisos alquilados y no los pueden expulsar. Son víctimas de la inquiokupación, como muchos otros propietarios en España, pero sus casos tienen una particularidad en común: sus 'inquiokupas' son familias vulnerables. "A través de una inmobiliaria, la fundación Apip-Acam nos propuso alquilar el piso a una familia de refugiados sirios", cuenta José Manuel. La O. N. G. le prometió hacerse cargo de las rentas en caso de impago. Ahora, sin embargo, se lava las manos.
