C. M. se fue a pasar las Navidades de 2019, las primeras sin su difunto esposo, a casa de su hijo y cuando volvió al que había sido su hogar durante 50 años no pudo acceder ni recuperar ninguna de sus pertenencias pese a que no existía orden de desahucio: "Mi madre está deshecha"
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, ha denunciado este domingo que “desde que De la Torre prometió medidas para frenar la proliferación de las viviendas turísticas en campaña electoral, Málaga ha legalizado casi 5.000 nuevas VUT y ha perdido más de 21.000 vecinos”,
La ley del alquiler de temporada y por habitaciones no supera la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados. El voto en contra de Junts per Catalunya ha tumbado la iniciativa, promovida por los Sindicatos de Inquilinas y vehiculada en el Congreso por Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG. El resultado final en la votación ha sido de 178 votos en contra y 172 a favor. Lo que se votaba este martes era, simplemente, la toma en consideración de la proposición de ley, es decir, introducirla en el debate parlamentario para que, en el proceso de enm
Almeida ha señalado que Bustinduy "utiliza ese Ministerio" para hacer la oposición al Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha respondido al Ministerio de Consumo tras sacar a la luz un archivo digital en el que se destapan más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha pedido al regidor madrileño colaboración para atajar estas viviendas ilegales para el uso turístico, pero éste no se lo ha tomado bien y le ha lanzado una dura respuesta.
Los datos de vivienda social en España están muy por debajo de la del resto de países europeos. De 26 millones de viviendas, tan solo el 2,5% tiene fin social. Pese a estos datos, la okupación no se dispara.
A menudo se asoma por el balcón y observa cómo ha cambiado el Gòtic, el barrio que le ha acogido desde que se casó. Blanca Espinosa, de 78 años, vive en el número 6 de la calle Boters, a cuatro pasos de la Catedral de Barcelona por un lado y, Portaferrissa, por otro, pero ahora podría quedarse sin el piso de siempre. La propiedad le ha demandado por el impago de 88 euros de unas obras en el baño y la cocina que, asegura, ni pidió ni le hicieron bien.
En el operativo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sociales y Protección Civil, entre otros, según han informado a Europa Press fuentes policiales. Las familias residían de manera ilegal en las viviendas desde 2009, cuando quebró la empresa promotora de estos edificios.
La última estadística detallada del IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), con datos de 2022, ofrece una radiografía de los declarantes con ingresos por arrendar viviendas, locales o plazas de garaje. Por ejemplo, muestra que una de cada cinco familias con una renta entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año tiene unos ingresos medios de casi 800 euros al mes por alquilar propiedades inmobiliarias. Exactamente, son 923.512 rentistas en este tramo
La organización social denuncia que aseguradoras e inmobiliarias pidan hasta 5 años de aval en los contratos de arrendamiento para garantizar el pago de la renta, haciendo «imposible que las personas tengan oportunidad de realizar un proyecto de vida independiente»
La dirección avisó a las familias el 7 de febrero con un correo electrónico de que al final de mes cerraban. La imagen impacta a cualquiera. Familiares acompañando a ancianos y ancianas con movilidad reducida, cargados con maletas y bolsas de pañales. Buscan un taxi adaptado o van al parking a buscar su coche porque nadie les ha facilitado el traslado. Es lo primero que nos cuentan. Lo segundo es que supieron que la residencia Taber en la Gran Vía de Barcelona cerraba sus puertas definitivamente el 28 de febrero
Se trataba en el consistorio una moción del Grupo municipal Socialista para mejorar el acceso a la vivienda para la emancipación de los jóvenes roceños. «Que, con el fin de asegurar el acceso a una vivienda a nuestros jóvenes y el carácter social de la misma, el precio máximo del alquiler de dichas viviendas se sitúe en el 80% del precio marcado por la Comunidad de Madrid», decía la moción, que incluía que tuvieran mayor puntuación para su concesión mujeres con orden de alejamiento por violencia machista, solicitantes con discapacidad o familia
"Son agencias inmobiliarias de la okupación donde se ha profesionalizado el delito. Se siente por encima de la ley y ofertan sus servicios por redes sociales. Puedes pedir, incluso, la zona que quieres".
