Dos años del Ministerio de Vivienda con menos oferta y precios del alquiler un 22% más altos: "Da la sensación de que no se busca resolver el problema"
El parque disponible ha caído un 22,6% y el alquiler ha subido un 22%. El País Vasco estudia un seguro que frene la sangría.
Hace dos años, Isabel Rodríguez (1981) estrenaba su nuevo cargo en el Gobierno a la cabeza del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una institución recién restablecida por Pedro Sánchez después de que en 2010 se suprimiera por segunda vez en su historia. Durante su toma de posesión, el 21 de noviembre de 2023, Rodríguez lanzó un mensaje a los propietarios y a los jóvenes asegurando tranquilidad y protección, mientras defendió la Ley de Vivienda impulsada por Raquel Sánchez.
Dos años después, ese acceso a la vivienda al que la ministra se refirió como "derecho constitucional" en su primer día en el cargo, es cada vez más complicado. Ya cumple un año como el principal problema de España en los barómetros del CIS, mientras que los precios no paran de subir. Las propiedades en venta se han encarecido un 26% desde la recuperación del ministerio, lo que ha empujado a muchos españoles -sobre todo jóvenes y población vulnerable- al alquiler. Una opción que ha aumentado los precios casi un 22% en este periodo, según Idealista.

"La crisis de vivienda no se ha corregido. Ahora mismo la gente siente que los poderes públicos (desde el Ministerio hasta los ayuntamientos) hacen poco o nada para garantizar este derecho", explica Elsa Arnáiz, presidenta de la plataforma Talento para el Futuro, que lucha por el empoderamiento de la juventud y que ayer mismo tuvo un encuentro con la ministra Rodríguez. "Entendemos que hay que planificar mucho, pero no puede ser que haya desconexión entre administraciones y la sensación de que no se busca realmente resolver el problema".

El desequilibrio entre la alta demanda y la escasa oferta ha disparado los precios estos años. Tanto, que el esfuerzo que tienen que hacer las familias para comprar una vivienda ha crecido más de cuatro puntos y otros cinco en el caso del alquiler estos dos años desde que existe el Ministerio de Vivienda. La oferta, además, es cada vez más estrecha: las casas en venta han caído un 22,6% a nivel nacional, según Idealista.

En 2023, las tareas pendientes que Sánchez dejaba en manos del Ministerio incluían el desarrollo de la (polémica) Ley de Vivienda. Tras dos años de su entrada en vigor, "la Ley no está cumpliendo su función", reconoce David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro. "Ha puesto un marco, pero no ha parado la sangría". Sobre todo porque una de las medidas que establece es la declaración de zonas tensionadas, que busca poner un límite a los alquileres, y el sector asegura que ha causado la destrucción de la oferta.

"Ahuyenta al propietario del mercado de alquiler", lo que aumenta la demanda de candidatos para las pocas opciones que quedan, indica Caraballo. Tal es el caso, que esta misma semana el Gobierno vasco ha lanzado una consulta pública para promover un seguro de impagos para propietarios en zonas tensionadas, llamado Alokaplus. Pretende así, con coste al contribuyente, que no retiren sus pisos del mercado.

El Ministerio también tenía el mandato de poner en marcha las 180.000 viviendas prometidas en campaña por Sánchez y sacar adelante la Ley del Suelo. "El parque público es muy escaso y lo poco que hay no está repartido en las zonas donde más se necesita", asegura Caraballo. Además, los planes de construcción no son suficientes para cubrir el déficit, que se ha arrastrado desde el estallido de la burbuja en 2008, y la construcción "va en cámara lenta" por la burocracia, lo que impide ampliar el parque protegido, e indirectamente, el mercado general.

Mientras tanto, la gestión de las nuevas medidas tampoco está saliendo como quisiera Rodríguez. Otra de las tareas que tenían desde 2023 era coordinarse con las CCAA porque la regulación del grueso de las políticas de vivienda es competencia autonómica. Con el más reciente movimiento del Ministerio, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que debe probarse a finales de diciembre, ya ha generado malestar entre las autonomías. Aquellas gobernadas por el PP denunciaban tras la última Conferencia Sectorial en octubre que no se les tomó en cuenta para realizar el borrador y que Rodríguez "pasa por encima de las comunidades, invadiendo sus competencias para imponer sus recetas de fracaso", mientras que otras, como Canarias, recientemente avisaron que no habían podido ni siquiera organizar una reunión con la ministra para que escuche sus peticiones para el Plan.

A pesar de que el sector celebra la intención que está teniendo el borrador de ampliar el parque de vivienda pública, "tendríamos que ver que no se queden en conversaciones y que no sea como el médico que pone una tirita para un mordisco de tiburón", advierte Caraballo.

Estos dos años, propietarios, inquilinos y compradores han visto cómo el acceso a una vivienda se endurecido, no solo por el precio, sino por la inseguridad jurídica, y ha derivado en problemas sociales, como una tasa de emancipación superior a la UE, una brecha generacional de riqueza e, incluso, un aumento del riesgo de exclusión. La plataforma Talento para el Futuro presentó este viernes a Rodríguez una propuesta para un Pacto de Estado que garantice el acceso a un hogar digno, sostenible y asequible, principalmente a los jóvenes, ya que alquilar consume el 92% de su salario. "Siempre hay disposición, pero de eso a la acción hay un paso bastante largo", dice Arnáiz.