El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos ha admitido a trámite la denuncia de la empresa pública del puerto deportivo de Benalmádena contra su anterior consejera delegada, Encarnación Cortés, designada por el PSOE, por un supuesto delito de prevaricación administrativa vinculado a varias ... obras ejecutadas entre 2022 y 2023 en el edificio de Capitanía. La magistrada ha iniciado diligencias previas, ha pedido al Grupo de Fraudes de la Policía Nacional un atestado sobre los hechos y ha citado a Cortés en calidad de investigada, junto al representante legal del puerto como perjudicado.
La denuncia sostiene que, estando Cortés al frente del organismo, se firmó el 23 de septiembre de 2022 un contrato con Excavaciones Montosa SL por 36.497,88 euros para adecuar un cuarto de seguridad en la planta baja de Capitanía. Siete meses después, el 17 de abril de 2023, la misma empresa recibió otro encargo, «mejora de deterioros de las instalaciones y vicios ocultos», por 23.295,73 euros.
Para los actuales gestores, ambos contratos, que suman 59.793,61 euros (IVA incluido), responden a una única actuación «cambiada de título» para sortear los controles de contratación y adjudicar la obra de forma directa. El importe rebasa, por un lado, el límite de 30.000 euros delegado en la consejera delegada y, por otro, el tope legal de 40.000 euros para los contratos menores de obra, lo que, según el escrito, evidencia un fraccionamiento «dirigido a eludir la licitación pública».
La empresa pública tuvo conocimiento de los trabajos cuando la constructora, en marzo de 2025, reclamó pagos pendientes. Tras ese requerimiento, la nueva dirección revisó los expedientes y detectó las supuestas irregularidades que ahora dirime la jueza.
El auto judicial avanza que, una vez emitido el informe policial, «se acordarán las diligencias a practicar», entre ellas nuevas declaraciones y el posible análisis técnico-económico de los contratos. Mientras tanto, la instrucción mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre la adjudicación y ejecución de las obras.
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La denuncia sostiene que, estando Cortés al frente del organismo, se firmó el 23 de septiembre de 2022 un contrato con Excavaciones Montosa SL por 36.497,88 euros para adecuar un cuarto de seguridad en la planta baja de Capitanía. Siete meses después, el 17 de abril de 2023, la misma empresa recibió otro encargo, «mejora de deterioros de las instalaciones y vicios ocultos», por 23.295,73 euros.
Para los actuales gestores, ambos contratos, que suman 59.793,61 euros (IVA incluido), responden a una única actuación «cambiada de título» para sortear los controles de contratación y adjudicar la obra de forma directa. El importe rebasa, por un lado, el límite de 30.000 euros delegado en la consejera delegada y, por otro, el tope legal de 40.000 euros para los contratos menores de obra, lo que, según el escrito, evidencia un fraccionamiento «dirigido a eludir la licitación pública».
La empresa pública tuvo conocimiento de los trabajos cuando la constructora, en marzo de 2025, reclamó pagos pendientes. Tras ese requerimiento, la nueva dirección revisó los expedientes y detectó las supuestas irregularidades que ahora dirime la jueza.
El auto judicial avanza que, una vez emitido el informe policial, «se acordarán las diligencias a practicar», entre ellas nuevas declaraciones y el posible análisis técnico-económico de los contratos. Mientras tanto, la instrucción mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre la adjudicación y ejecución de las obras.