"Tal forma de proceder socava de forma directa la confianza en la Justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces", continuó ante el ministro Félix Bolaños. También dijo que las descalificaciones son "impropias de un Estado de Derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes", sino también "el respeto mutuo" y, en definitiva, "la lealtad institucional". Para la presidenta, no es legítimo "desacreditar al poder judicial, atribuyéndole intenciones y objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional". Recordó, tras la mención del presidente del Gobierno a los jueces "políticos", que toda actuación judicial tiene lugar en "los cauces de un proceso". "No obedecemos órdenes", avisó. "No es propio del poder judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni instituciones, pues no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos. Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que le hacen dignos de ese nombre. La sociedad no merece poderes públicos que entren en descalificaciones ni en reproches públicos".