Muchos enseguida han recordado por qué el exlíder del PP ni apareció ni se le esperaba en el evento del mismo partido que años atrás le expulsó inmediatamente tras reclamar responsabilidades al hermano de Ayuso por cobrar comisiones con la venta de mascarillas en plena pandemia.

#Noeselmundotoday Un mandato que terminó antes de lo previsto después de una moción de censura propiciada por la primera de tres sentencias judiciales que condenaron al PP precisamente por corrupción con él mismo como jefe de filas.

Al recordar Gonzalo Miró que el PP no puede dar lecciones contra la corrupción, poniendo como ejemplo que Feijóo "se iba de vacaciones con un narcotraficante", Griso le ha corregido y otro tertuliano le ha indicado que lo que quería decir es que Feijóo es contrabandista

Con todo este material a la vista de todo el mundo, hay que ser muy imprudente para pedir ejemplaridad y asunción de responsabilidades a otros.

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano

"El resultado fue la ciudad partida en dos, el monorraíl construido con materiales defectuosos y un agujero en las cuentas. Eso me recuerda un poco a lo que han hecho con la Fórmula 1. Han prometido miles de puestos de trabajo, han traído un proyecto que nadie ha pedido. Madrid no necesita Fórmula 1, sino alquileres asequibles. Eso sí, hicieron una gran gala para anunciarlo y trajeron una maqueta”

Feijóo se esfuerza en convertir las causas relacionadas con el PSOE en las “peores” de la democracia, al nivel de Gürtel o Kitchen, e intenta usarlas como palanca de una moción de censura, pero obvia las tres condenas a su partido y la catarata de juicios previstos para la vuelta del verano

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, no considera contradictorio mantener en sus filas a Ana Millán —'numero 3' de la formación política autonómica y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid— a pesar de que está imputada por cuatro presunto delitos relacionados con la corrupción, al mismo tiempo que arremete contra el presidente del Gobierno, al que han llegado a acusar de “auspiciar” y “tapar” la presunta corrupción de sus dos últimos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

El Ejecutivo madrileño ha concedido 13 subvenciones en seis meses a la Fundación Altius España –constituida por los Legionarios–, que incumplió un contrato financiado con dinero de la UE

El agente Bonilla, jefe de fuentes de la UCO, colaboró activamente con la trama de hidrocarburos en la que terminó implicado Aldama

De las decenas de cargos públicos del PP vinculados a la corrupción que han pasado o tienen previsto pasar por los tribunales aquí os va una selecta selección. Son protagonistas absolutos a la hora de repasar los delitos que figuran en el Código Penal relacionados con la corrupción y adyacentes. Algunos ya han sido condenados a varios años de cárcel y otros muchos correrán la misma suerte.

El empresario Gabriel Navarro, investigado en el caso FP, ha responsabilizado este miércoles a la administración madrileña del fraccionamiento ilegal de contratos empleado para otorgar a dedo obras de reforma de centros educativos, y evitar el concurso público.

La Comunidad de Madrid facilitó la recalificación del suelo, antiguos terrenos del Ministerio de Defensa, al considerar que la infraestructura era "necesaria" y descartar construir allí una dotación sanitaria pública

Por delito continuado de cohecho en concurso medial con otro de malversación, y de prevaricación administrativa en concurrencia con otro de prevaricación urbanística, tras la conformidad alcanzada entre las partes en las piezas separadas Novosur y Marchalendín de la macrocausa del conocido como caso Marchelo.

El expresidente de la Generalitat estuvo arropado por cuatro expolíticos de su etapa, condenados en varias causas de corrupción: Carlos Fabra, Francisco Martínez, Alfonso Rus y Josep Maria Felip

El tribunal envía a prisión al exalcalde de Arganda, Ginés López o al exdiputado del PP, Benjamín Martín Vasco, así como al líder de la Gürtel, Francisco Correa

El ministro de Transportes tira de ironía en el Congreso tras ser acusado de "complicidad" con Ábalos: "Vayamos al caso práctico"

El gasto, que evidencia el alto nivel de vida de la pareja, figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa, investigación por corrupción urbanística en la etapa del PP en el Ayuntamiento. Los agentes apuntan a la "naturaleza aparentemente ilícita" de los fondos que nutrían las cuentas a las que se derivaban las compras con la tarjeta de los grandes almacenes.

EL PAÍS accede a las declaraciones del ex alto cargo y los dos directores por el caso de presunto fraccionamiento ilegal de contratos para remodelar centros educativos

La magistrada entiende que “no ha lugar” a que la administración esté en la instrucción como parte perjudicada en el posible caso de corrupción que nació dentro de la propia Comunidad de Madrid, concretamente de la Consejería de Educación entre los años 2021 y 2023, cuando Enrique Ossorio era consejero (hoy es presidente de la Asamblea de Madrid) y Rocío Albert era su mano derecha (hoy es consejera de Hacienda de Ayuso).

Artículo de Juanma del Castillo sobre el uso de la justicia por parte del Partido Popular para proteger a Alberto "el de Quirón"

Carlos Martínez-Almeida comparece como testigo en el juicio del caso Mascarillas para asegurar que no dio ningún trato de favor a los empresarios y que se limitó a ponerles en contacto con el consistorio

El tribunal impone un año y nueve meses de cárcel al exconseller de Gobernación tras admitir que cometió cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial