Condenan a un año de prisión y a dos años y tres meses de inhabilitación a una agente de la Comisaría de Elche que aprovechaba su cargo para filtrar información de interés a un delincuente con el que mantenía una relación sentimental. La condenada también tendrá que pagar una multa de 3.840 euros como autora de los delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante declara probado que la funcionaria, destinada en la unidad de Policía Judicial de Elche, infringió el deber de sigilo y
Fondos dependientes de Victoria Rosell acaban a dedo en manos de su pareja. Carlos Sosa, periodista y actual pareja de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha cobrado 12.000 euros por un contrato público concedido a dedo para la producción, grabación y edición de la campaña del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Esta ha sido financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fueron transferidos previamente a la Dirección General ...
La sede de Wakalua es la misma que la de un total de diez sociedades de Carlos Barrabés, el beneficiado por las cartas de recomendación de Begoña Gómez para ganar concursos públicos, tal y como revela un informe de la UCO del caso en el que se investigan los negocios de la mujer del presidente del Gobierno.
El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, consciente de la metedura de pata, ha tratado de enmendar al abogado de Begoña Gómez. Antonio Camacho deja meridianamente claro que el palacio de la Moncloa es «el lugar de trabajo» de la esposa del presidente del Gobierno, imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La cuestión no es baladí. El PP preguntó por ello al Gobierno queha tratado de enmendar al abogado de Begoña Gómez, en su respuesta «las acciones de asistencia política y técnica se circunscripci
“Si eres madre en seguida te quedas sin beca comedor, pero el PP no se entera cuando un empresario afín se lleva una tajada de 150.000 euros”. Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo y sobre quien el Partido Popular (PP) centra buena parte de sus críticas para arremeter contra el Gobierno de España por la relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, caminó por la ciudad de Madrid a sus anchas, especialmente durante los años en los que gobernó Ana Botella.
Anais D., la “limpiadora” de José Luis Ábalos a la que le pilló la UCO un USB en las bragas, posó para Kote Cabezudo. Ya saben, el pornógrafo infantil y violador múltiple bien relacionado con el socialismo guipuzcoano. Lo hizo siendo menor, o recién cumplida la mayoría de edad. Circunstancia que sería bueno esclarecer. Una nueva línea de investigación para la UCO que ha provocado temblores en el PSOE. En su página web, Anais no oculta que posó para Cabezudo.
elDiario.es reproduce al enfrentamiento entre Alejandro Luzón y su subordinada en el que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción logró anular escuchas y que no se volcara el correo del exministro, impidiendo que el caso se extendiera al uso que Montoro hizo de información tributaria de enemigos personales y adversarios políticos. El secreto que ha protegido la causa contra Cristóbal Montoro ha extendido también un manto sobre las dificultades para investigar estos siete años a quien fue ministro de Hacienda durante el último Gobierno del PP.
El precio inicial del contrato se ha multiplicado por tres entre los años 2009 y 2022 y la empresa concesionaria, filial del grupo Sanitas, ha obtenido unas ganancias de 57,9 millones de euros hasta 2021 mientras debe a la Conselleria de Sanidad 373 millones correspondientes a las liquidaciones
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que "hay una clara intencionalidad política y un alineamiento total con las tesis del PP y Vox" en el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
Universal Support, la empresa coruñesa de telemarketing vinculada al cuñado de Alberto Núñez Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas, se hizo en abril de 2022 con un convenio con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por valor de 4.058.533,72 euros para prestar servicios de información telefónica sobre la covid con la oferta más cara de las que llegaron a la fase final del concurso.