El Gobierno tendrá que pagar un servicio que usan ocho millones de españoles y por el que cobran 4 euros por llevarlo a casa
El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a regular y compensar económicamente el servicio de reparto a domicilio de las bombonas de butano. El fallo judicial exige al Ministerio para la Transición Ecológica aprobar en un plazo máximo de seis meses la normativa que regule el coste de este servicio obligatorio.En España se estima que unos ocho millones de hogares (un 22 % del total) todavía utilizan el butano para cocinar o calentar sus viviendas. La decisión atiende el recurso de las grandes distribuidoras, encabezadas por Repsol y DisaGas,
