La UDEF lanza una operación contra una trama que manipuló licitaciones para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado, bases de datos policiales y radares. La investigación, que ha recibido el nombre de operación Enredadera, se centra en la supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, una firma con sede en Barcelona que fue adquirida por el grupo Sacyr en octubre de 2016 y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales.
El Gobierno de Sánchez apela ahora una norma ya derogada para defender aquella decisión, que regaló 25 años más a la concesionaria de la vía que cruza Galicia de norte a sur y que ha motivado un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España.
El Consejo de Administración de Sacyr ha acordado modificar el número de miembros de su Comisión Ejecutiva, fijándolo en cinco. En este proceso, la constructora ha designado consejero independiente con la categoría de vocal a Augusto Delkader Teig, presidente no ejecutivo de Prisa Radio y Cadena SER.
FCC, Acciona, Sacyr y OHLA, junto con Urbaser, Prezero y Contenur, han ganado los distintos lotes en los que se divide el contrato público para realizar la contenerización, recogida y transporte de residuos desde este martes 1 de noviembre en la ciudad de Madrid, por 1.500 millones de euros.
La Fiscalía, a instancia de dos particulares, ha solicitado al juez que acuse a los gerentes de Urbanismo y de Sacyr de un presunto delito de cohecho. Los ayuntamientos de las ciudades de Segovia y Sevilla coinciden en una cosa: la poca estabilidad de su gobierno del PP en minoría, que ha propiciado finalmente un acuerdo con la extrema derecha, con quien compartirán gobierno a partir de este verano.
El juez desestima la reclamación del pago de la liquidación por el Aeropuerto de Corvera, ya que fue presentada “fuera de plazo” por el Gobierno region. El aeropuerto de Corvera, en la Región de Murcia, continúa siendo un pozo sin fondo para las arcas autonómicas. El último varapalo ha venido desde los juzgados con la desestimación de la reclamación que el Gobierno regional había interpuesto para cobrar la liquidación de la infraestructura, valorada en 36,2 millones de euros.
