Los ciudadanos españoles residentes en el exterior tendrán que volver a sufrir el “ruego” del voto en las elecciones generales de abril y en las autonómicas de mayo, después de que la legislatura se haya cerrado sin una reforma electoral.
El voto rogado se introdujo en una reforma de la Ley Electoral apoyada por PP, PSOE, CiU y PNV en 2011 con la que se pretendía eliminar casos de fraude en el censo. De los 1.924.012 españoles llamados a las urnas en 2016, votaron 120.777. Este año el censo de españoles emigrados es mayor: 2.093.977 personas. Sus impulsores se han desmarcado con los años. El último intento de reforma se ha dado esta legislatura, frustrada por la disolución adelantada de las Cortes.
La coalición solicita que los consulados y oficinas habilitados para el depósito del voto en urna abran el sábado 27 y el domingo 28 de abril y que las Juntas consideren como válidos los votos remitidos hasta el mismo día de la elección.
La posibilidad de votar electrónicamente es una realidad desde hace años que, sin embargo, no se ha puesto en práctica en España. Han sido varios los intentos, pero nunca han fructificado a pesar de los beneficios que traería consigo.
Según los datos provisionales del INE, han pedido votar 120.786 españoles que residen fuera, de una población electoral de más de dos millones de personas. De ellos, no todos lograrán votar ya que muchas veces aunque se consiga pasar toda la burocracia las papeletas no llegan a tiempo. La cercanía con el 28A, el solapamiento de plazos y que no haya autonómicas en cinco comunidades ha desincentivado aún más el ruego de voto, que ha caído casi tres puntos respecto a las generales.
Avisan del riesgo de que se manipule el voto de dos millones de electores y la incidencia que podría tener en el resultado. La Junta Electoral central redactó un informe planteando posibles soluciones a los diversos problemas surgidos en torno al voto por correo con los electores que se encuentran en el extranjero.
