Las competencias y el control sobre las residencias de mayores pertenecen a los Gobiernos de las comunidades autónomas. Y estos las mantuvieron durante la pandemia a pesar del estado de alarma y el mando único. Las competencias no pasaron a manos ni bajo el “control” de Pablo Iglesias
La investigación revela que se necesitaría el doble de personal en residencias madrileñas para asegurar una atención "digna" a los mayores. Fuentes del PP argumentan que la iniciativa no cumplía los requisitos para usar las salas institucionales. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vetado la presentación del Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. El acto, previsto para este martes en la propia Asamblea regional y organizado por Más Madrid, no tendrá lugar finalmente.
Los escritos policiales señalaban indicios de “abandono por parte de las instituciones”. No todas las actas se hicieron públicas, y la negativa del Gobierno regional a publicarlas todas ha llegado al punto de recurrir judicialmente una orden del propio Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha cambiado la ley para reducir la independencia de los miembros de este órgano y restarle capacidad de sanción. Murieron en las residencias sin poder ir al hospital más de 7.000 mayores.
Ayuso reconoció el pasado 10 de octubre que era su Gobierno el que tenía las competencias de las residencias de mayores durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y no el entonces vicepresidente segundo del Gobierno y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como aseguró en varias ocasiones
Está cifra puede subir porque la Comunidad de Madrid ha eliminado la exigencia de la ratio mínima del 0,15 para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento, dentro del nuevo acuerdo marco 2026 para la gestión de plazas en residencias para personas mayores.
La problemática de la alimentación se mantiene en los centros de mayores durante el verano a pesar de las denuncias públicas y las sanciones. La asociación Marea de Residencias, que siempre pone pie en pared con el objetivo de conseguir la dignidad de las personas mayores que se encuentran en estos centros, ha vuelto a denunciar un hecho que ya es más que habitual.
Varios dirigentes del Partido Popular (PP), como Isabel Díaz Ayuso, Javier Maroto o Teodoro García Egea, han dicho que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, tenía el “mando único” en la gestión de las residencias de mayores. FALSO.
Durante la movilización han denunciado las 20.000 personas que murieron en tan solo dos meses en las residencias de mayores de toda España, de las que casi la mitad, 9.470, vivían en centros madrileños. Sin embargo, un número ha protagonizado la concentración: 7.291, justo las personas a las que entre marzo y abril de 2020 “se le negó la asistencia sanitaria en residencias sin recursos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha explicado Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
“La dejadez del Gobierno autonómico no solo compromete la calidad de los cuidados, sino que pone en riesgo la salud y la dignidad de las personas mayores”, sostiene MATS en un comunicado. El sindicato no dispone de cifras de contratación totales, ya que el Gobierno regional no se las facilita, algo que tampoco hace a preguntas de este diario, pero asegura que es algo que ocurre “de forma generalizada en las 25 residencias” de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
En junio de 2020 se inicia en la Asamblea de Madrid una Comisión de Investigación sobre los fallecidos durante la primera ola de la pandemia del Covid 19 en las Residencias de mayores de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Según datos de la CAM, en los meses de abril y marzo de 2020 fallecieron 9470 personas que vivían en la s Residencias de mayores de esta Comunidad Autónoma, de las cuales 21
Los denunciantes creen que se produjo un "delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discrimitarios" y apuntan a altos cargos de Ayuso, además de a los geriatras de enlace que frenaron derivaciones a hospitales. 7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”.
El TSJM condena a Madrid como responsable patrimonial de la muerte de una anciana empujada por un compañero con un trastorno psiquiátrico. Familiares de otros lugares como Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares denuncian también que en sus geriátricos se ingresa a pacientes de salud mental. Era el 7 de agosto de 2021. Los mayores residentes del centro Los Frailes, en la localidad madrileña de Leganés, se disponían a acudir al comedor como de costumbre. Uno de ellos, Pedro Francisco, trató de abrir una puerta corredera, pero no pudo.......
Que 7.291 personas mayores muriesen en las Residencias sin haber recibido la atención sanitaria adecuada, en condiciones absolutamente inaceptables por haber impedido su derivación a hospitales, significó entonces y sigue significando hoy, el hecho más trágico en materia sanitaria sucedido en nuestro país y ello se debió en mi opinión a una actuación negligente y deleznable de un gobierno en ejercicio. La no medicalización de las Residencias de Mayores y la decisión de establecer los llamados PROTOCOLOS DE LA VERGÜENZA
Los informes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante sus inspecciones a las residencias de la capital ofrecen un retrato fidedigno del horror que sufrieron los mayores, el agotamiento físico y mental de sus trabajadores y la sensación de abandono por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para evitar que estas actas salgan a la luz, como exige el Consejo de Transparencia al dar la razón a un ciudadano que las había solicitado formalmente.
Hace cinco años, el 11 de mayo, se presentó la primera querella colectiva que exigía una investigación sobre la muerte de 7.291 personas en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la covid-19. Desde entonces, el proceso judicial, según denuncian los querellantes, ha estado marcado por la impunidad, el silencio institucional y la "decisión deliberada de no asumir responsabilidades". Hoy, las familias miran atrás para repasar el camino judicial recorrido durante estos cinco años, mientras mantienen viva la espe...
