La Comisión Europea acaba de abrir un expediente de infracción al Gobierno español por haber realizado cambios sin que mediara concurso público en los contratos de dos autopistas, la gallega AP-9 y la AP-66, el peaje del Huerna que une Asturias y León, al ampliar la duración de la concesión a Audasa sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación e infringiendo las normas de la Unión Europea. Según la resolución de la Comisión, España tiene ahora dos meses para responder a los argumentos del expediente.
El Partido Popular ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa para pedir la supresión de los peajes de la autopista del Huerna (AP-66), que comunica Asturias con León, y de la autopista del Atlántico (AP-9), que atraviesa Galicia, cuyas prórrogas fueron ilegales.