La anterior instructora del caso ordenó a la unidad especializada que investigara el presunto delito de corrupción en los negocios y si podía ampliar el caso a blanqueo de capitales, pero el actual magistrado alega un juzgado desbordado con prioridad en casos más graves aun sin relevancia mediática
El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, esgrime en su escrito de defensa que los delitos reconocidos vienen precedidos "por la actuación delictiva del fiscal general del Estado".
El juzgado de instrucción número19, ahora a cargo del juez Antonio Viejo, no ha dado traslado a los abogados de los cinco acusados para que presenten sus escritos de defensa.
Seis meses y medio se demora ya el informe sobre el empresario que la justicia le solicitó a la división de la Guardia Civil. Doscientos. Es el número de días que han transcurrido ya sin que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboren informe alguno sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso. Más de medio año en el que se sigue a la espera de conocer el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes.
Según las últimas informaciones publicadas por Ernesto Ekaizer, en 2023 Ayuso no indicó su relación con Alberto González Amador y, por ello, el control de su actividad no fue el debido. De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.
Seis meses después se desconoce la investigación de la UCO que pidieron el fiscal y la jueza sobre presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón. La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben ser considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.
El novio de la presidenta de Madrid figura en la intranet con un nombre inventado, que se corresponde con el de una sociedad que montó en Florida, y dispone de correo corporativo del gigante sanitario pese a que siempre alegó que era un proveedor externo
‘El Mundo’ recoge la justificación de los agentes que no han elaborado el informe que el juzgado les solicitó hace 150 días. La justificación, por supuesto, no lacera el nombre de la Benemérita, sino que echan balones fuera y culpan del retraso a la Justicia.
La diferencia de apremio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se aprecia al comparar este caso con causas como la de Begoña Gómez. Casi 140 días, 20 semanas, han pasado ya desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe sobre Alberto González Amador, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. Un informe del que, más de cuatro meses después..
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