El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y asesor de la aerolínea, pagó a la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa un total de 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. Las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron 198.000 euros de Análisis Relevante SL, la misma empresa que presuntamente utilizó su padre para desviar dinero de la aerolínea a sus cuentas bancarias. en realidad, sirvieron para camuflar el pago de comisiones ilegales a Zapatero por
La UDEF investiga la línea con Guinea Ecuatorial en la que Plus Ultra se asoció con una empresa de la mano derecha del dictador Obiang que no tenía permisos para operar vuelos. La Policía ha detectado que desde 2021 se ha producido la llegada de pasajeros con documentación falsa y sin visados con la colaboración de la aerolínea. Plus Ultra utilizaba los vuelos desde Malabo a Madrid para transportar fajos de billetes a través de "maletas autorizadas" y de "pasajeros que utilizaban como correo".
Julio Martínez le pagó varios años mientras trabajaba para la aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno / El ex presidente confirma la información a EL MUNDO y afirma que recibió el dinero por "asesorías retribuidas de consultoría global"
Según las últimas informaciones publicadas por Ernesto Ekaizer, en 2023 Ayuso no indicó su relación con Alberto González Amador y, por ello, el control de su actividad no fue el debido. De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.
Seis meses después se desconoce la investigación de la UCO que pidieron el fiscal y la jueza sobre presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón. La ley española de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, señala que, entre otros, los presidentes de Comunidades Autónomas deben ser considerados Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.
Anticorrupción avanza, en paralelo, en las pesquisas en torno a los contratos presuntamente amañados de la SEPI y en la investigación de Plus Ultra. Dos tramas de corrupción que tendrían como origen fondos públicos concedidos por la SEPI o por empresas públicas dependientes de la misma, alcanzando los 185 millones de euros. La UCO investiga la concesión de 132 millones a diversas empresas vinculadas con el conocido como 'grupo Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Los agentes sospechan que el expres
