Línea Directa o Mutua Madrileña están comercializando estas pólizas para primeras y segundas viviendas, que nunca pueden sufrir usurpaciones —delito con el que se asocia la okupación—, algo que podría constituir una mala praxis.
En el último año completo, 2024, la actual Consellería de Vivenda cifró en 109 las consultas totales recibidas en virtud del convenio, financiado con 54.600 euros para atender por teléfono o a través de internet. Sólo tres de ellas tenían que ver con ocupaciones ilegales, una cuestión que tanto la Xunta como el PP mantienen en el primer plano de la política pese a su escasez, acreditada reiteradamente por los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.
La mayoría de las llamadas corresponden a “hechos ya judicializados” o “consultas” para recopilar información Primero fue anunciado en septiembre de 2020. En enero de 2022, la Comunidad de Madrid comenzó a hacer público detalles sobre el servicio. Un mes después, en febrero, Isabel Díaz Ayuso adelantó que “a partir de marzo” estaría listo. Finalmente, no fue hasta junio del año pasado cuando se puso en marcha el conocido como “teléfono antiokupación”.
De las cuentas que presenta el periódico conservador, se puede concluir también que dicha línea de teléfono ha contribuido a frenar aproximadamente un intento de usurpación al mes
