"Susana Díaz es una cacique; si gana, el PSOE será un partido más de derechas" / "Entre Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy no veo diferencias" / "Lo que rompe España no es el independentismo sino la pobreza infantil".
Patrimonio Nacional bloquea el acceso a unos documentos que intentó aportar, sin éxito, al juzgado que ordenó la exhumación de los hermanos Lapeña en el Valle. El Consejo de Transparencia le ha obligado a hacer público el escrito y, para esquivar la orden, va a presentar un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional Según alega, la documentación no contiene "ninguna visión u opinión política" sobre el Valle, pero acude a la justicia ordinaria para que no salga a la luz, tras resistirse a darlo durante siete meses.
La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite la querella contra el Gran Wyoming y Dani Mateo presentada por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, según recoge La Gaceta, que ha tenido acceso al auto. Según esta demanda, los presentadores de El Intermedio podrían haber cometido un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos el 10 de mayo del pasado año.
La votación ha recibido 198 apoyos, un voto en contra y 140 abstenciones. Podemos ha decidido apoyar la propuesta del PSOE pese a que no han sido aceptadas sus enmiendas. Ciudadanos también se había mostrado dispuesto a a apoyarla. En cualquier caso se trata de una proposición no de ley, por lo que el Gobierno no está obligado legalmente a cumplirla.
El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, ha insistido una vez más en la necesidad de que el gobierno español atienda "de forma urgente" estas reclamaciones.
Los presentadores señalan lo "absurdo" de la querella de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos por llamar "esa mierda" a la cruz del conjunto. El chiste se enmarcaba en el debate sobre la memoria histórica pero están acusados de ofender los sentimientos religiosos y un posible delito de odio. El presidente de la asociación denunciante dice que con una disculpa habría sido suficiente y admite que los juzgados están "para cosas más importantes".
Una docena de familiares de fallecidos que se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos. Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
Después de años y años de lucha por parte de familias que tienen enterrada ahí a su gente, los técnicos y los peritos empiezan a meter la piqueta en una jornada histórica tras el triunfo de la tenacidad de una familia, la familia Lapeña. Sin embargo, no les dejan entrar en la cripta. Así se lo ha trasladado de forma formal la dirección de Patrimonio Nacional.
El Gobierno ha confirmado la exhumación de los restos de Franco y su traslado a otro lugar, mientras que en el caso de Primo de Rivera se propone un cambio de espacio dentro del mismo Valle de los Caídos.
Patrimonio Nacional ha gastado más de 20 millones en el Valle de los Caídos y ha ingresado 9,5 en los últimos diez años. El del gasto en seguridad privada asciende a 660.860 euros desde 2014. Todos los gastos del Valle de los Caídos, incluidos comida, teléfono y excursiones de los monjes, corren a cuenta del Estado.
El Gobierno cierra el procedimiento administrativo tras recabar informes y alegaciones de la familia y ha decidido que el dictador salga de este espacio público: "Ha sido difícil", ha admitido la ministra de Justicia. Dará 15 días a los nietos para que decidan dónde lo quieren inhumar, siempre que no sea en la catedral de Madrid, tal y como pretendían. La ministra Delgado no ha aclarado si el Gobierno planea sacar el cuerpo antes de un eventual pronunciamiento del Supremo, pero sí ha asegurado que entrarán pese a la negativa del prior.
Como estaba previsto, estima la petición de la familia del dictador. El Ejecutivo ya avanzó que respetaría la paralización cautelar, según indicó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.
