La expresidenta de Adif borró mensajes de sus dispositivos y recomendó a Ábalos como abogada a la exjefa de Penal de la Abogacía del Estado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado nuevas evidencias que vinculan a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera con la trama de las mascarillas del caso Koldo. En un nuevo oficio remitido a la Audiencia Nacional, la unidad policial recoge diversas conversaciones que apuntan a la implicación directa en la firma del contrato de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión SL.
El Supremo accedió a la solicitud de la Fiscalía, que solicitaba prisión sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García ante el riesgo de fuga antes del juicio. Las acusaciones reclaman penas de hasta 30 años para el exministro y su exasesor. La comparecencia se produce después de que la semana pasada Anticorrupción y las acusaciones populares presentaran sus escritos de calificación, en los que piden penas de prisión elevadas para los principales acusados del primer juicio por la trama de mascarillas. Las acusaciones reclaman 30 años de cárce
Un informe de la Guardia Civil apunta a que la trama del 'caso Koldo' trató también de sacar tajada en Castilla-La Mancha en lo peor de pandemia. El entorno del presidente insiste en que nunca se compraron ni pagaron las mascarillas al detectar que eran defectuosas. El 16 de junio de 2020 una responsable de suministros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha envió un email en el que señalaba: «Siento mucho no poderles realizar la compra de mascarillas... la documentación que aporta indica claramente que son defectuosas y por ello no podemos
Melchor Gil, cuñado de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, aparece relacionado con uno de los enlaces que forman parte de la trama de comisiones ilegales y mordidas en contratos adjudicados por el Gobierno en plena pandemia. El empresario con el que está unido es Israel Pilar, que ayudó a la red que investiga la Audiencia Nacional a comprar lotes de mascarillas que hoy están siendo investigados por el cobro de sobornos. Poco después de la implicación de este empresario, una de sus compañías recibió 1,8 m€
Antonio Olivera, número dos del ministerio de Política Territorial y exdirector del Servicio Canario de Salud, ha presentado su renuncia en plena investigación por el pago ilegal de comisiones por los contratos de la pandemia. Su etapa como director del SCS duró tres meses, entre marzo y junio de 2020. Se produjeron contrataciones de material sanitario que están ahora siendo investigadas como los 11,8 millones de euros que pagaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo, o los cuatro milllones por mascarillas que nunca aparecieron
