La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 13 años y seis meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz a los tres acusados de una agresión sexual en grupo a una mujer, ocurrida en septiembre de 2016 en la rampa de un garaje de la Urbanización Guadiana, en la capital pacense.
El sector conservador anticipa su negativa a apoyar un perfil "tan politizado" para acceder a la Sala del Tribunal Supremo encargada de juzgar a los miembros del Gobierno. La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer la relación de candidatos que elevará al Pleno para la cobertura de una plaza vacante en la Sala Penal del Supremo. Es la Sala más delicada del alto tribunal por ser la que investiga y juzga a los miembros del Gobierno, diputados y senadores, entre otros aforados. La candidata preferida fue miembr
El fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, está a punto de ser disuelto y reemplazado por una empresa centrada en el interés público a finales de esta semana, mientras entra en vigor un enorme acuerdo legal que resuelve miles de demandas.
El escrito de Hazte Oír también pide que se le imponga una fianza para asegurar que pague las responsabilidades económicas en caso de ser condenada por corrupción. El escrito en representación de las acusaciones populares, que pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, solicita también que se investigue el patrimonio de la mujer del presidente del Gobierno para fijar la cuantía de la multa a imponerle en caso de que sea condenada. Por ello, la asociación pide que se recaben sus últimas declaraciones del IRPF para calcular su “capacidad económica
La realidad es bien distinta: la población penitenciaria se ha reducido entre el año 2009 y el año 2024 en casi 17.000 personas: de 76.079 reclusos a 59.226). En el mismo lapso temporal, mientras que la población extranjera en España ha ido en aumento (un 25% entre 2009 y 2025, frente a un incremento del 3% de población “nacional”), la tasa de población penitenciaria disminuía, siendo las personas extranjeras las que más han contribuido, porcentualmente, al descenso de esas cifras.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles acusa al teniente coronel Luis M. Cordero de presuntos delitos ocurridos a principios de 2025. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y más concretamente su delegación en Badajoz, ha presentado una querella penal contra el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura, el teniente coronel Luis M. Cordero. Se le acusa de falsedad documental y prevaricación administrativa, según declararon representantes de la asociación.
la Comisión Europea rechazan que los consejeros delegados de las compañías deban ser los responsables de los contenidos de sus plataformas. Además, recuerdan al Ejecutivo que no puede imponer obligaciones adicionales a estas empresas, y que la Ley de Servicios Digitales de la UE [DSA, por sus siglas en inglés] busca "armonizar" la protección de los menores de edad. El Gobierno, añaden en Bruselas, tiene total libertad para decidir cuál es la edad mínima de acceso a las redes. El resto entra dentro del ámbito comunitario.
El país escandinavo es escenario de tiroteos y ataques con artefactos explosivos caseros casi a diario. El Gobierno sueco ha propuesto reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para luchar contra el alza del reclutamiento de menores por el crimen organizado. Las autoridades ya anunciaron el pasado mes de octubre la creación de unidades de detención para jóvenes de entre 15 y 17 años en las prisiones suecas. Los adolescentes son reclutados a través de aplicaciones cifradas para cometer delitos a cambio de dinero, lo que permite a
"Para que se pueda acusar o imputar a alguien en el plano penal, se tiene que demostrar que algún cargo de Adif o el Ministerio tenía la información de que algo estaba pasando y que pudiendo resolver el problema, de manera negligente no actuó"
La Fiscalía de Burdeos (oeste de Francia) anunció este jueves la apertura de una investigación penal por la muerte de un bebé que habría ingerido a comienzos de este mes leche de fórmula de la marca Nestlé, según informan medios franceses. La investigación busca determinar si en la leche consumida por el lactante estaba presente la toxina cereulida, de origen bacteriano, que puede causar problemas intestinales graves, como diarrea y vómitos.
Una de las más terribles consecuencias de la perspectiva de género en nuestra legislación es cómo se ha justificado en nuestro país, no solo a nivel político y legal, sino a nivel social, el hecho de aceptar que se les trate peor a los hombres que a las mujeres a nivel legal. Es como si toda la ciudadanía aceptase que se tratara peor a los niños que a las niñas, que también ocurre, aunque mucha gente lo ignore.
(...) no interviene un juez, sino que son producto de una negociación de la que nada sabemos. (...) A menudo, la conformidad funciona como un chantaje. (...) Otras veces, en cambio, es un favor. (...) hechos realmente graves logran esquivar las consecuencias reales de sus actos gracias a la oferta de un fiscal. (...) No se respeta ninguno de los apartados del artículo 120 de la Constitución.
Felix Bolaños amplía a cinco años el mandato del fiscal general e impide a los partidos ejercer la acción popular.También la desaparición de los jueces de instrucción y la atribución a los fiscales de la investigación de los delitos. El fiscal será el responsable de ejercitar la acción penal pública sino que asume la dirección de los procedimientos de investigación criminal. El fiscal tendrá a la Policía Judicial a sus órdenes, determinará a quién investigar y a quién no y decidirá la duración del proceso. la UCO dependerá de los fiscales
l abogado penalista José Antonio Sires, del bufete 'Sires Abogados', ha informado de la presentación de una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por presuntos delitos que derivaron en la muerte de un hombre de 86 años, víctima de un cáncer de mama del que "no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad".
A raíz del viaje a Bruselas de Yolanda Díaz para reunirse con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, varios contenidos afirman que la líder de Sumar ha infringido varios artículos del Código Penal. Puigdemont enfrenta cargos por supuesta desobediencia y malversación ante la Justicia española y vive en Bélgica desde 2017. Los expertos en Derecho Penal consultados por Maldita.es consideran que Díaz no ha cometido ningún delito ni ha incumplido los artículos del Código Penal que indican los contenidos
La corriente Izquierda Socialista de Aragón ha interpuesto dos denuncias, una penal y otra administrativa, contra altos cargos del PSOE y la gestora. Es una denuncia penal en los juzgados de guardia de Madrid contra Javier Fernández, Mario Jiménez (presidente y portavoz de la gestora, respectivamente), Antonio Hernando (portavoz del Grupo Socialista en el Congreso) y Susana Díaz (presidenta de la Junta de Andalucía) “como cooperadora necesaria”, por presunta usurpación de funciones públicas y por coartar la libertad de conciencia y de voto.
La Fiscalía del Supremo ha pedido a la Sala Penal que no abra una causa penal al presidente del PP, Pablo Casado, y desestime la exposición razonada elevada el pasado 6 de agosto al alto tribunal por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, instructora del caso de los másters de la Universidad Rey Juan Carlos.
