Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una operación abierta desde 2022, han detenido a 28 personas acusadas de suplantar la identidad de otras en exámenes para obtener el certificado del dominio de la lengua española --DELE--, requisito indispensable para la consecución de la nacionalidad española, según ha informado Jefatura en un comunicado.
Sarasadat Khademalsharieh, más conocida como Sara Khadem, la ajedrecista iraní que alcanzó relevancia mundial cuando se negó a disputar el Mundial con hiyab, por lo que llegó a recibir una orden de arresto, ha recibido la nacionalidad española por carta de naturaleza.
Más de 300.000 argentinos ya iniciaron sus trámites para que el gobierno de España les otorgue la nacionalidad por ser nietos de inmigrantes españoles que llegaron entre finales del siglo XIX y principios del XX. La Argentina es el país que más pedidos acumula para acceder a este beneficio que habilitó la ley de memoria democrática, una norma que fue impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022.
La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal que suplantaba la identidad en los exámenes de obtención de la nacionalidad española, en una operación que se ha saldado con 11 personas detenidas.
La Justicia recalca que los documentos, junto a las pruebas de vinculación personal y familiar con España —como la residencia de su hermana en Barcelona y la nacionalidad española de varios parientes—, cumplen exigencias legales
Con cerca de 900,000 residentes legales, la población marroquí es la primera comunidad extranjera en España. Sin embargo, esta cifra no refleja la verdadera magnitud de su presencia: más de 260,000 marroquíes han sido naturalizados como españoles desde 2013, sin perder por ello su nacionalidad de origen a los ojos de Marruecos. Sólo el 22% de los marroquíes residentes en España cotizan activamente. Esto significa que una gran parte de ellos trabaja en la economía informal, está desempleada o recibe ayudas sociales.
El consulado español en Dakar le pide someterse a pruebas de ADN que le obligan a desembolsar 1.000 euros por cada uno de sus descendientes. En 2000 consiguió la ciudadanía española. Se ha ganado la vida vendiendo sábanas por las localidades de la costa vizcaína. Ahora no trabaja y percibe el salario mínimo vital, una prestación social que el Gobierno central ha transferido recientemente al Ejecutivo vasco.
