La exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, no recurrirá la sentencia que dictó en su contra el juzgado de Instrucción número 3 de Estepona (Málaga) por el que fue condenada por un delito contra el honor de Rafael Marcos por llamarle «maltratador» y relacionarle con unos supuestos abusos sexuales que habría cometido sobre su hijo, por lo que deberá abonarle 10.500 euros.
Rafael Marcos estuvo siete años sin ver a su hijo. La madre, María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, primero le impidió verlo tras separarse ambos, y luego consiguió que lo impidiera el Estado: le acusó, con un informe psicológico, de abuso sexual sobre el menor. Cuando se evidenció que todo era falso, y después de hablar en el Congreso de los Diputados sobre abuso infantil de la mano de Podemos, Sevilla desapareció con Samuel, que tenía nueve años.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha estimado en parte la demanda interpuesta contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el exmarido de María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre indultada por el Gobierno tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo.
Varapalo del Tribunal Supremo a la Abogacía del Estado por interceder en defensa de Irene Montero «con una petición que no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil». El órgano administrativo recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) en busca de un atajo jurídico con el que evitar que la ministra de Igualdad en funciones tuviese que pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, el hombre cuyo derecho al honor vulneró al referirse públicamente a él como un maltratador, según una sentencia del Alto Tribunal.
El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, abonar 5.400 euros en concepto de intereses de demora y costas procesales a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla --la expresidenta de Infancia Libre condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial--, por vulnerar su derecho al honor.
El supuesto comisionista declara en el Supremo que la entonces ministra dio una «orden clara» a la Agencia Tributaria para aplazar una deuda millonaria de su empresa, Ante la mirada atenta del tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, Aldama ha decidido tirar de la manta asegurando que la entonces ministra dio una «orden clara» para que la Agencia Tributaria le facilitara el aplazamiento de una deuda millonaria de Pilot Real Estate. sostiene que, tras esas gestiones, su empresa desapareció de la lista de morosos y hacienda
Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Chaves avalaron sus ascensos desde un puesto técnico «no sanitario» hasta la cima de la Consejería de Salud. María Jesús Montero, tuvo una carrera ascendente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en un espacio de tiempo mínimo. En ocho meses pasó de tomar posesión de una plaza de «técnico de función administrativa» para «personal no sanitario» a ocupar una subdirección Su escalada meteórica no se explica sin la intervención directa de tres pesos pesados de la Junta que la promocionaron Chaves
El BOJA de 1994 desmiente al PSOE andaluz, que aseguró que su candidata tiene una plaza «de médica» en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, cuando su puesto es de «técnico de función administrativa»
José Ignacio Landaluce le reclama a la exministra 200.000 euros por asegurar que había sido condenado, denunciado e investigado por violencia de género. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, fija para el próximo 4 de junio un acto de conciliación previo a una posible querella por presuntas injurias y calumnias. El origen del conflicto se remonta al 13 de enero, cuando María Jesús Montero, durante un acto del PSOE, atribuyó a Landaluce haber sido «condenado, denunciado e i
La candidata andaluza llama "enfermos mentales" a personas con discapacidad intelectual y confunde el nombre de la asociación visitada. Montero ha asegurado haber visitado "ADAPI" y ha afirmado que "las personas con enfermedad mental" necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad", situándolas como "los privilegiados" y "los favoritos" de sus políticas. Sin embargo, la realidad es que la candidata acudió a ADIPA Antequera, una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual, no con personas con enfermedad mental.La confusión no
