El fiscal pide indagar si Alberto González blanqueó el dinero obtenido del supuesto pelotazo con mascarillas y sobornos empresariales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recibido una orden clara: investigar en profundidad el origen del patrimonio del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La jueza Inmaculada Iglesias ha trasladado esta petición del fiscal del caso, que alerta de posibles delitos económicos graves vinculados a comisiones ilegales
El magistrado Lepoldo Puente ve "indicios cualificados" de que Ábalos obtuvo "beneficios económicos"‘ por la adjudicación de contratos. ha dictado hoy un auto en el que acuerda elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro y diputado José Luis Ábalos, al haber encontrado contra él, de las diligencias practicadas hasta este momento, “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
"Es el mundo al revés, hay quien persigue los delitos y quien los comete, y estamos investigando a quien los persigue”, ha afirmado el ministro Óscar López. Insiste en que el "delincuente fiscal" es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y en que quien filtró "una mentira" a los medios de comunicación fue su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
El escrito presentado por PSOE y Más Madrid señala también la posible existencia de otros cinco posibles delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable. El citado escrito recoge que se pueden hallar en estos hechos “elementos que permiten indiciariamente sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía ...
La magistrada acepta la petición del empresario de anular su comparecencia del siete de febrero por tener un compromiso profesional en el extranjero en esas fechas sin que por el momento haya declarado 10 meses después de la apertura de la causa